BILBAO. Aseguró al llegar al juzgado de Palma de Mallorca que su intención era "aclarar la verdad de los hechos". Aunque, precisamente, las actuaciones de Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos entre 2003 y 2006, que recibió contratos millonarios irregulares de instituciones públicas y privadas, desembocaron ayer en una imagen histórica: la de un miembro de la familia real declarando ante un juez durante más de ocho horas.

Sin embargo, el marido de la infanta Cristina cumplió con el guion establecido para tratar de desviar las responsabilidades. Aseguró que no fue el responsable en la gestión de las firmas investigadas e implicó al expresidente de la Generalitat Valenciana, el popular Francisco Camps, en el éxito de uno de sus lucrativos negocios. Pero, sobre todo, blindó con coraza a la familia real. Actualmente en uno de sus momentos más bajos de popularidad por sus negocios, el duque afirmó que su esposa, la infanta Cristina, desconocía los derroteros de la trama y que el rey obró en consecuencia en el año 2006 cuando conoció el tamaño del escándalo que se avecinaba.

Esperada era la comparecencia de Urdangarin en los juzgados palmesanos en los que el juez José Castro analiza el caso Nóos, una pieza separada del caso Palma Arena. Primero debía sortear a los centenares de manifestantes que le increparon. Y contra todo pronóstico, el yerno de Juan Carlos I bajó del vehículo y recorrió a pie el acceso al tribunal. Habló también a la multitud de medios de comunicación congregados, a los que aseguró que llegaba presto a "declarar la verdad". Tres frases en las que defendió su actuación, tratando de evidenciar que atendió sus responsabilidades empresariales "de manera correcta y con total transparencia. "Mi intención es aclarar la verdad de los hechos y estoy convencido que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo", citó con tono serio.

Una vez salvado el escollo del revuelo mediático al que había sido esquivo en semanas precedentes, dentro del juzgado a Urdangarin le esperaba el magistrado Castro para hacerle preguntas sobre su implicación en cinco delitos, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, el resto de acusaciones del caso Palma Arena y los abogados defensores del resto de imputados. El yerno del rey tenía muchas horas por delante para explicarse ante una Fiscalía que indaga en sendos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos, centrando sus investigaciones en los contratos públicos por valor de 5,8 millones de euros que recibió Nóos entre 2004 y 2007 por parte de los gobiernos balear y valenciano -ambos liderados por el PP- por organizar eventos relacionados con el deporte, y otras entidades privadas.

sin responsabilidad Urdangarin testificó durante cuatro horas en la sesión matutina. Ante las minuciosas preguntas del juez Castro sus respuestas buscaron desvincularse de cualquier tipo de responsabilidad en la gestión y contabilidad de las cinco firmas investigadas. De la misma forma, trató de atajar la herida abierta durante los últimos meses en credibilidad de la familia real española. Primero achacó las actuaciones fuera de la ley a sus asociados, principalmente a su exsocio en el Instituto Nóos y también imputado, Diego Torres. Y posteriormente defendió como "puramente testimonial" el papel que tenía la infanta Cristina en sus negocios, pese a que con Aizoon -que el duque calificó ayer como su "sociedad patrimonial"-, la hija del rey ganara 571.000 euros en tres años tras una inversión inicial de 1.503 euros. Del resto de empresas auscultadas -el bufete Tejeiro, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder Management-, declaró no conocer nada sobre sus actividades. Sin embargo, la Fiscalía considera que sirvieron para desviar fondos a diversos paraísos fiscales. E, incluso, también investiga una nueva red de sociedades tejida para sacar el dinero obtenido en los negocios.

El imputado también quiso echar ayer un capote a su yerno, un Juan Carlos I que ha visto como este escándalo ha sacudido los cimientos de la monarquía española. Toda vez que la Casa Real se viera abocada a apartar al duque de la agenda oficial por su "comportamiento no ejemplar" en diciembre, Urdangarin reveló en su declaración que atendió la petición del abogado José Manuel Romero, asesor legal externo de la Casa del Rey, cuando le pidió que dejara de contratar con Administraciones Públicas, allá en el año 2006. Fue durante esos años cuando la Zarzuela, a la vista de los poco claros negocios en los que se iba embarcando uno de sus miembros, optó por poner tierra de por medio y mandar al duque de Palma y su familia a Washington.

Tras el receso para comer, la declaración siguió por la tarde con una nueva noticia de impacto: la celeridad con la que el expresidente valenciano, Francisco Camps, otorgó un negocio al gusto del duque de Palma. Tanta rapidez que desveló que solo tres días después de reunirse con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, y Camps, al Instituto Nóos le fue adjudicada la organización de unas jornadas sobre turismo y deporte, denominadas Valencia Summit, que en tres años reportaron tres millones de euros a los bolsillos del duque y sus socios. Terminada la declaración de casi diez horas de Iñaki Urdangarin, que salió "satisfecho", y a falta de que la fiscalía le pueda someter a sus preguntas, hoy prosigue su testimonio a partir de las 09.30 horas.