El reciente anuncio de la Comisión europea de introducir importantes modificaciones en la normativa europea sobre la cuestión migratoria ha coincidido en el tiempo con el anuncio del Gobierno español de regularizar la situación de más de cuatrocientos mil migrantes en situación irregular; a estos anuncios hay que añadir el rifirrafe en el seno del Gobierno vasco como consecuencia de diversas declaraciones realizadas en torno a la cuestión migratoria. El hecho de que en ámbitos territoriales tan diversos como el de la UE, el Estado y la Comunidad autónoma, que son los marcos de referencia para el ejercicio de nuestra actividad política, la cuestión migratoria haya sido de forma simultánea objeto de atención da cuenta de la actualidad y del lugar central que ocupa este tema en la agenda política a todos los niveles: autonómico, estatal y UE. (Y no se olvide que al otro lado del Atlántico la cuestión migratoria es también un factor de primer orden en la agenda política de EE.UU. en la nueva era Trump).
Empezando por el ámbito territorial de la UE, que además de ser el más amplio es también el más determinante ya que conviene advertir, antes de continuar, que la dimensión real del fenómeno migratorio desborda por completo tanto los límites estatales como los autonómicos y solo en el marco europeo puede tener un tratamiento efectivo, la primera apreciación a realizar hace referencia al carácter acusadamente restrictivo que guía las medidas adoptadas. Estas se inscriben en la orientación trazada en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), aprobado en el marco de la UE el pasado año (abril 2024), que ya marcaba la línea a seguir en este terreno por las instituciones europeas; si bien se añaden ahora nuevos elementos que contribuyen a endurecer más aun las restricciones para la acogida de la población migrante en los Estados miembros de la UE.
En esta perspectiva, las recientes propuestas anunciadas por la Comisión europea van dirigidas a facilitar a los Estados miembros de la UE la deportación de los migrantes irregulares a terceros países, distintos a los de su origen pero fuera de la UE, en las condiciones y en los términos previstos en la nueva regulación. Se prevé, a tal efecto, la creación en esos países de centros de deportación para el internamiento en ellos de los migrantes hasta que se resuelva definitivamente su solicitud de asilo o de acogida. Se establece como requisito para validar la deportación que el país receptor ha de ser seguro (sin más precisiones), requiriendo la existencia de un acuerdo previo con el país al que es deportado el migrante, que debe contar con el visto bueno del ejecutivo comunitario. Se prevé asimismo que la orden de deportación tenga efectos inmediatos sin que el recurso que pueda interponerse tenga efectos suspensivos.
Puede afirmarse que la actitud de la Comisión europea ante esta cuestión constituye la expresión más clara del modelo de ‘externalización’ de la gestión del fenómeno migratorio, trasladando esta tarea a terceros países fuera de la UE y eludiendo así los problemas que comporta. No es de extrañar que esta actitud haya suscitado una reacción de rechazo unánime por parte de todas las entidades de acogida que actúan en este terreno, denunciando lo que no es sino una deportación de personas migrantes (que no por migrar son delincuentes) a lugares que ni siquiera conocen y siendo internados en ellos en centros creados al efecto, sin el debido control judicial; lo que, en palabras de los portavoces de las entidades que hacen un seguimiento de los procesos migratorios constituye “un golpe contra las personas que buscan protección y subsistencia en Europa (...) No es esa la forma de estar a la altura de los valores de dignidad humana y de derechos humanos”.
Trasladándonos del marco europeo al estatal, el reciente anuncio del Gobierno español de activar el proceso de regularización de casi medio millón (las cifras en el tema migratorio son siempre estimativas) de migrantes en situación irregular es una medida que ha de merecer una valoración que, aunque tardía, no deja de ser claramente positiva y que, en consecuencia, debe contar con la colaboración de todos los que abogan por dar una salida favorable a la cuestión migratoria. Hay que ser conscientes, de todas formas, que ni esta es la primera de las regularizaciones que tiene lugar ni, con toda seguridad, va a ser la última; lo que conviene tener presente, tanto por parte de los que ponen el grito en el cielo cada vez que se produce una regularización arguyendo el ‘efecto llamada’ que tienen y el peligro de que los nativos seamos víctimas del ‘efecto sustitución’ como consecuencia de las oleadas migrantes, como asimismo, por parte de los que afirman que con esta regularización se solucionan definitivamente los problemas que comportan las migraciones. No cabe desconocer que el fenómeno migratorio, por su propia naturaleza, no es estático, va a seguir produciéndose y va a requerir nuevas y periódicas regularizaciones en el futuro.
En cualquier caso, se trata tan solo de la activación de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que estaba aparcada durante un año en el Congreso y que ahora tiene vía libre para proseguir su tramitación parlamentaria con el fin de conseguir una regularización extraordinaria de la población migrante en situación irregular. Pero se trata solo del inicio del trámite y falta por saber cuáles van a ser los obstáculos que van a surgir en el curso de la tramitación parlamentaria, que sin duda los va a haber, y cuál va ser el resultado final; porque no cabe ignorar que hay muchos puntos sobre los que las discrepancias son notorias y no va a ser nada fácil llegar a acuerdos consensuados. Hay que tener presente que, sobre todo en normas de este tipo, su efectividad real está más que en los grandes principios, sobre los que no suele haber divergencias, en ‘la letra pequeña’ de los textos normativos, donde se determinan los requisitos, condiciones, circunstancias y formalidades varias que pueden hacer posible (o imposible en la práctica) la regularización efectiva.
Hay, asimismo, un factor que aunque afecta al conjunto de las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, no cabe ignorar al tratar sobre el asunto que nos ocupa, como es el que hace referencia al respaldo parlamentario de las medidas a adoptar; lo que a la vista de la composición del Congreso y de la correlación de fuerzas en él, resulta bastante problemático. Sobre todo, si las formaciones políticas de la oposición anuncian su rechazo radical a las medidas de regularización, como ya lo han hecho, y, por otra parte, no está nada claro que se pueda contar con el apoyo de algunos de los inestables aliados del Gobierno.
En este contexto, y pasando al ámbito autonómico, no cabe soslayar el inoportuno y a todas luces fuera de lugar rifirrafe reciente entre los integrantes del Gobierno vasco en torno a este tema, coincidiendo además en el tiempo con los anuncios comentados en estas líneas en el ámbito europeo y el estatal. Sin entrar a repartir culpas y aplausos a favor o en contra de nadie, conviene advertir que utilizar la cuestión migratoria, tema sensible como ningún otro como muestran los hechos que se vienen sucediendo en toda Europa, para exhibir protagonismo y afirmarse frente a los socios con los que, además, se comparten las tareas de gobierno, tiene difícil justificación. Sobre todo cuando es un asunto en el que no existen divergencias importantes y que, en cualquier caso y dado el papel clave que está jugando como factor de polarización a escala estatal y europea, es preciso mantener una posición común frente a las tendencias de signo antiinmigratorio que, bien abiertamente o de forma mas sutil, vienen experimentando un proceso de asentamiento progresivo en nuestras sociedades.
Para concluir, hay que ser conscientes de que ni las deportaciones a países extraeuropeos van a acabar con las migraciones a Europa, ni las regularizaciones, por mas necesarias que sean, suponen la solución definitiva a los problemas que comporta la gestión del fenómeno migratorio; también es probable que sigan produciéndose rifirrafes, por más inoportunos y fuera de lugar que estén, en torno a esta cuestión, que a no dudar seguirá originando fuertes polémicas. Pero, en cualquier caso, las migraciones son ya, y lo van a seguir siendo en el próximo futuro con mayor intensidad, un elemento estructural en nuestras sociedades al que es preciso dar respuestas; unas respuestas que por el bien de todos, no solo de los emigrantes también de los que no lo somos en el momento actual aunque en otras épocas quizá lo hayamos sido, han de ser inclusivas y facilitar la acogida de quienes buscan entre nosotros unas condiciones de vida que no han encontrado en sus países de origen.
Profesor
