EL pasado 21 de abril de 2016, el Parlamento Vasco aprobó, con el inusual apoyo unánime de todos los partidos políticos, una declaración en la que solicitaba al Gobierno de Estados Unidos el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba. Y hace dos días la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba por práctica unanimidad -ya en 2015, lo hicieron 191 estados contra dos, EE.UU. e Israel- una petición similar.

El bloqueo sigue impactando en las condiciones de vida de la población cubana. Alicia Bárcena, presidenta de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina, organismo de la ONU), afirmaba recientemente que es el elemento clave que limita, de manera drástica, el crecimiento económico que necesita el país. Sin embargo, desde que el 17 de diciembre de 2014 Raúl Castro y Barack Obama anunciaran el inicio del diálogo bilateral entre ambos gobiernos, un mensaje sutil ha calado en la opinión pública internacional: que el bloqueo ya no existe o que su impacto es mínimo.

Nada más lejos de la realidad. Solo en el último año, los daños a la isla provocados por esta política de sanciones han sido de 4.680 millones de dólares, cerca de 800.000 millones en casi seis décadas. Solo desde 2009 -años de la administración Obama-, el Departamento del Tesoro ha impuesto 49 multas a entidades estadounidenses y extranjeras por “violación del embargo” a Cuba con un valor total de 14.397 millones de dólares. Una cifra récord en la historia. Tras los anuncios del 17-D, han sido multadas ocho entidades por valor acumulado de 2.836 millones. Entre ellas, poderosas multinacionales como Halliburton o Commerzbank.

Un ejemplo estrambótico de esta paranoia persecutoria es la reciente multa de cien mil dólares a Albert Fox, uno de los facilitadores de convenios entre Cuba y Estados Unidos en materias como la aviación civil o la protección del medio ambiente. Su delito: haber viajado a la isla... sin licencia.

Pero, ¿la Casa Blanca no había suavizado las sanciones? De manera muy tibia, pero sí, es cierto. Obama ha empleado sus prerrogativas ejecutivas presidenciales para, por ejemplo, ampliar hasta 12 categorías los perfiles de estadounidenses que pueden realizar viajes no turísticos a Cuba, autorizar a compañías norteamericanas de telecomunicaciones para llegar a acuerdos con la estatal cubana ETECSA en el desarrollo de Internet y telefonía móvil, restablecer el servicio postal directo, autorizar cruceros y vuelos regulares directos (antes eran solo charter), otorgar unas pocas licencias de inversión como las concedidas a Starwoods y Cleber y autorizar la venta a crédito de productos no alimenticios.

Además, una Comisión Bilateral coordina otros acuerdos de interés mutuo en diferentes materias, desde la lucha contra el narcotráfico a la prevención de desastres.

Estas medidas son sumamente limitadas. Pero es cierto que han tenido efectos indirectos positivos en la economía cubana. El banderín verde o permiso simbólico del presidente Obama a sus aliados internacionales -entre ellos los gobiernos de la Unión Europea- para dialogar con Cuba, las expectativas creadas en torno a un hipotético levantamiento del bloqueo y una nueva legislación cubana para la inversión extranjera han provocado un efecto llamada que ha convertido a la isla en destino de moda para empresarios, políticos y celebridades de todo el mundo. Por otro lado, el turismo creció un 18 % en 2015 y el número de viajeros de EE.UU. lo hizo en más del 90%.

El bloqueo, también Sin embargo, el núcleo duro del bloqueo sigue en pie. Repasemos solo algunas de sus características.

Las empresas cubanas no pueden vender producto ni servicio alguno en uno de los mayores mercados del mundo, Estados Unidos. A su vez, no pueden adquirir productos o servicios en ese país, salvo excepciones y con regulaciones muy estrictas, como en el caso de algunos alimentos y medicamentos, debiendo realizar sus compras -con notables incrementos de precio y costes de transporte y seguros- en mercados distantes.

Estas prohibiciones, además del impacto económico, tienen un alto coste humano en ambos países. Mencionemos solo el sector salud y un ejemplo entre miles: los hospitales de la isla no puede acceder a tecnología médica como la de los estimuladores cerebrales profundos, que permiten tratar las enfermedades neurológicas, y que produce de modo exclusivo la empresa estadounidense Medtronic. Por su lado, las vacunas cubanas contra diferentes tipo de cáncer no pueden ser comercializadas aún en EE.UU. Tampoco el Heberprop-T, un medicamento cubano contra el pie diabético, que evitaría amputaciones a miles de personas en EE.UU.

Por otro lado, la legislación norteamericana sigue prohibiendo a su ciudadanía hacer turismo en Cuba, al margen de esas 12 categorías de intercambio cultural, educativo o religioso. Un potencial turismo norteamericano a la isla significaría una inmediata inyección de liquidez a la economía de Cuba. No menos de un millón de visitantes de Estados Unidos se añadirían a los tres millones que recibe actualmente el país.

Pero, lejos de ser un mero embargo comercial unilateral, el bloqueo se ha convertido en una estrategia compleja de persecuciones, penalizaciones y presiones a empresas de todo el mundo, cuya característica fundamental es la extraterritorialidad.

Esta se hace patente, por ejemplo, en prohibiciones como las siguientes: empresas de terceros países no pueden exportar a EE.UU. productos que contengan un solo gramo de azúcar, níquel u otro componente cubano, lo que, en la práctica, impide las exportaciones de Cuba a mercados y sectores estratégicos en la economía mundial; empresas de terceros países no pueden vender a Cuba bienes con más de un 10% de componentes estadounidenses; y buques mercantes de terceros países no pueden entrar a EE.UU. si en los seis meses anteriores han tocado puerto cubano, lo que, en la práctica, multiplica los costes de transporte de bienes a Cuba.

Estos elementos de extraterritorialidad, unidos a la política de prohibiciones, amenazas y sanciones a posibles inversores en Cuba, y a la existencia de listas negras de compañías que no pueden ingresar en el mercado de EE.UU. por sus relaciones con Cuba, consiguen no solo la disuasión de inversiones de capital sino, fundamentalmente, el incremento del llamado “riesgo país”, que implica un aumento considerable para Cuba de los precios de compra de bienes, así como de los costes de fletes, seguros y préstamos.

Hay que recordar, además, que el derecho a veto -o voto preferente- de EE.UU. en organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial hacen de Cuba el único país de la región que no ha recibido un solo préstamo para proyectos estratégicos de desarrollo económico.

Lo que se puede hacer En la prensa leemos que el bloqueo a Cuba debe ser levantado por el Congreso de EE.UU. a través de una ley, y que la Casa Blanca no tiene atribuciones para hacerlo. Y es cierto. Pero el presidente tiene aún prerrogativas ejecutivas que no ha utilizado. Podría, sin ir más lejos, autorizar el comercio bilateral entre ambas naciones así como las inversiones empresariales norteamericanas en todos los sectores de la economía de la Isla. Estamos hablando de que podría terminar con la parte central del llamado “embargo comercial”, a su vez núcleo de la política de bloqueo. Es decir, la Casa Blanca podrían dejar el bloqueo, prácticamente, en el cascarón.

Solo hay cuatro aspectos que Obama -o en su caso el próximo presidente o presidenta de EE.UU., Donmald Trump o Hillary Clinton- no puede tocar sin la autorización del poder legislativo: no puede autorizar el turismo ordinario a Cuba, no puede permitir el comercio con entidades cubanas que en su día fueron empresas norteamericanas nacionalizadas, no puede autorizar la compra de alimentos a crédito por parte de Cuba y no puede legalizar el comercio con la isla de filiales de compañías de EE.UU. ubicadas en el exterior.

Con todo, el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos puede y debe adoptar las medidas ejecutivas necesarias para dejar el bloqueo a Cuba en una simple entelequia. Y para facilitar al Congreso de su país una decisión que, además de histórica, es un reclamo de toda la Comunidad Internacional.