Construir la paz: ¿compromiso irrenunciable o un fracaso anunciado?

Hacer la paz, construir una convivencia pacífica, es tarea ardua y difícil. Este compromiso individual y social nos lleva a ver, buscar, aceptar, concretar y valorar los hechos tal como fueron en el pasado, lo son en el presente y queremos que sean en el futuro. La verdad de la paz, surge del encuentro sincero en lo que estamos de acuerdo.

La mera yuxtaposición de interpretaciones contrarias sobre unos mismos acontecimientos es ya expresión de la falta de acuerdo en esa verdad necesaria para la paz. Las verdades parciales son perspectivas de un mismo hecho pero no más. Una cosa es la realidad de los hechos objetivos que han sucedido y otra cosa, la parcialidad de las diferentes las perspectivas sobre esos hechos.

Los daños causados por la injusta violencia de ETA y por la legítima represión del Estado, no son realidades equiparables. Equipararlos, ponerlos al mismo nivel, equivaldría a tratar de hacer afirmaciones compatibles, incompatibles o contrarias sobre una misma verdad en la que se quiere construir una paz sólida.

Unido a lo anterior es necesario apuntar un dato integrante de esa verdad histórica: es el hecho de los abusos cometidos por el Estado con algunas personas. Ante esa realidad, no es suficiente la mera constatación de los hechos. Se impone la necesidad de investigar por qué fueron ocultados o ignorados y en ocasiones positivamente permitidos, cuando fueron realizados por organizaciones paraestatales. Podríamos también analizar el silencio más o menos cómplice de algunos medios de comunicación e incluso de la opinión pública ante estos hechos, sin ignorar que esta injusta violencia lleva también la obligación de una justa reparación.

Existe también otro aspecto de la verdad de la violencia injusta de ETA, que debemos analizar por sus graves consecuencias prácticas. ¿Es verdad que la violencia de ETA es consecuencia de un enfrentamiento motivado por un conflicto político cuya solución se busca por las armas? Este planteamiento es para algunos reprobable, inaceptable y carente de toda verdad. Desde la perspectiva de ETA y otros sectores de la población, ignorar esta realidad es negar toda evidencia y posibilidad de entendimiento.

Más allá de este dilema, se debe ver el problema desde una verdad que no puede ser negada por ninguna de las dos posiciones irreconciliables. Cabe aceptar que existe una cuestión vasca de carácter político relativa al modo de relacionar el Pueblo Vasco con el Estado español. Algo que no deja de ser una cuestión política. Luchar por las vías legítimas en la solución de este problema es democráticamente aceptable e incluso necesario. Y ello, sin legitimar a ETA ni afirmar que su violencia sea ética y políticamente aceptable, lo cual no es razón para negar que ETA actúa por motivaciones políticas, aunque su actuación sea reprobable.

Castigar la violencia de ETA como un delito contrario a la paz, no debe confundirse con la negación, por el Estado, del derecho democrático a la libertad de opción política. ETA y su entorno no pueden confundir el ejercicio de este derecho con el uso de la violencia por razones políticas. Tampoco el Estado puede negar cualquier planteamiento sobre los derechos políticos del Pueblo Vasco porque ETA pretenda o haya pretendido defenderlos por el uso de las armas.

Cierto. Pero no solo basta la justicia para hacer la paz. Tampoco todas las injusticias son igualmente contrarias a la paz. Algunas tienen una mayor importancia y significado. En todo caso, los ciudadanos tenemos derecho a vivir en paz, en tanto nuestras actuaciones no vayan contra los derechos de los demás. La diversidad y el trato diferenciado no es señal de ninguna injusticia. Sin embargo, las amenazas, coacciones, las exclusiones públicas o privadas, las calumnias motivadas por diferencias políticas, las manipulaciones socio-culturales, deportivas o festivas o de cualquier otra índole, y lo que es más grave, las difamaciones por las diferencias relativas a la gestión del ejercicio público, deben ser rechazadas radicalmente como injustas. Es esto, todavía en muchos pueblos, ciudades y barrios de Euskal Herria una asignatura pendiente.

Las víctimas de la violencia injusta de ETA y de los grupos paraestatales o de los abusos de las fuerzas represivas del Estado tienen derecho a una justa reparación. La referencia a todas las víctimas de ningún modo significa equiparación entre ellas. Una reparación justa y sincera exige el reconocimiento explícito y público del daño inferido. Sin él, va contra esa paz el reavivar mediante manifestaciones, homenajes y aclamaciones públicas, el universo moral y político que inspiró lo sucedido, legitimando y justificando las acciones más terribles. Antes que pasar página sobre lo sucedido, hay que saber leerla bien. Pero también es contrario a la paz, estar permanentemente instalados en una deuda eterna, que impide a todo un pueblo, caminar hacia adelante. Cuando se vive en la noche del odio y el resentimiento, los días se convierten en un infierno.

El esfuerzo para avanzar en la pacificación e ir más allá de las exigencias de la justicia, ha de hacer referencia al interior de las personas. Así, el arrepentimiento del culpable y el perdón del ofendido, aunque no pueden ser jurídicamente exigibles, son radicalmente humanizadores y ejemplarizantes. Las personas tenemos la capacidad de perdonar y amar a quienes nos han hecho una injusticia. A la luz de estos principios, recordamos lo que decíamos al comienzo. ¿Qué podemos y debemos hacer desde las instituciones públicas y privadas, organismos sociales, centros educativos y desde cada uno de nosotros, para que construir la paz y la convivencia en nuestros pueblos, deje de ser un fracaso anunciado?