La paradoja de la justicia gratuita

A nadie escapa que vivimos tiempos difíciles. Tiempos en los que las dificultades financieras y económicas obligan, como si fuese la única salida, a una reducción de algunos recursos que, aunque necesarios, parecen susceptibles de ser adelgazados sin consecuencias aparentes. Como el resto de actividades, la Administración de Justicia no es ajena a esta situación. Al igual que sectores como el de la salud o el de la investigación científica, la Justicia presta un servicio que es indispensable en nuestra sociedad y recortar sus ya limitados recursos de manera indiscriminada puede acarrear más problemas a medio y largo plazo que supuestos beneficios a corto. Esto es lo que podría suceder si no se sustituye con urgencia el Decreto de Justicia Gratuita promulgado por el saliente Gobierno vasco y cuya ineficacia está quedando sobradamente demostrada desde su entrada en vigor el pasado 1 de septiembre.

La Justicia Gratuita no es un capricho. Se trata de un elemento clave de nuestro ordenamiento jurídico. Como todo servicio, precisa de unos mínimos recursos y de una legislación que garantice su correcta aplicación. Una inadecuada regulación como la derivada del Decreto que acaba de aprobar el Gobierno vasco puede generar -y, de hecho lo está haciendo ya- problemas muy graves que afectan por igual a los derechos de los justiciables, a la actividad de los letrados y, lo que es más importante, a la propia sostenibilidad del sistema judicial, que se está viendo seriamente afectado.

El perjuicio para los justiciables es obvio. Sin un Turno de Oficio y una Justicia Gratuita adecuadamente regulada, el riesgo de indefensión es muy alto, sobre todo en un sistema como el que se ha creado, en el que el aumento de la burocratización para el ciudadano y para los profesionales que deben ofrecerle el servicio de defensa puede hacer peligrar por sí mismo al sistema, generando demoras hasta ahora innecesarias que rememoran ese famoso dicho de que la justicia tardía no es justicia.

En lo que respecta a la actividad de los letrados, el actual Decreto está afectando a sus condiciones de trabajo y a su remuneración. En demasiadas ocasiones, el abogado debe estar pendiente de la tramitación de un expediente administrativo en lugar de fijar exclusivamente sus esfuerzos en una correcta defensa, que debería ser su principal labor. Además, en muchas ocasiones no sabe siquiera si va a poder cobrar por su trabajo después de haberlo realizado porque, transcurridos unos meses, se determine que el justiciable no tenía derecho a obtener justicia gratuita o que, sencillamente, no la solicitó de manera adecuada.

Sin embargo, como decíamos antes, lo peor de todo son las consecuencias negativas que la actual regulación impuesta por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco está generando ya en el sistema judicial y en su propia sostenibilidad. Es un hecho que a causa de este Decreto la Justicia se están empezando a sufrir retrasos que podrían haberse evitado con solo haber mantenido la legislación anterior. Pero es que, además, el panorama es aún más desolador si miramos al futuro y nos topamos con la paradoja de que, mientras se reducen los recursos destinados a justicia gratuita, se incrementa la ligitiosidad en supuestos que afectan a las personas más desfavorecidas como pueden ser los asuntos derivados de la violencia de género, menores, desahucios por ejecuciones hipotecarias o impagos de rentas.

Desde el Colegio de Abogados nos negamos a pensar que el único motivo que ha movido al Gobierno vasco al cambio de regulación haya sido el económico, pero no parece haber otra explicación. El nuevo Decreto se ha cargado de un plumazo un servicio que, en opinión de usuarios y profesionales, funcionaba razonablemente bien y a un coste más que adecuado para las arcas públicas. Pensar que realmente se ahorra dinero poniéndole trabas a la justicia gratuita y a los abogados que la aplican es un tremendo error. Al contrario; cada nuevo obstáculo que se pone perjudica la calidad del ya de por sí tocado sistema y le acerca a un colapso que, sin duda, es el peor escenario económico que puede vivir la justicia vasca en estos tiempos de crisis que nos ha tocado vivir.