LOS Presupuestos Generales del Estado Consolidados (PGE) incluyen lo que ingresa y gasta la Administración central del Estado, la Seguridad Social y los organismos autónomos dependientes del Estado, como la Biblioteca Nacional, el Consejo Superior de Deportes, los Parques Nacionales o las Confederaciones Hidrográficas, hasta un total de 64 organismos.
Los PGE determinan por tanto las orientaciones de política económica del Estado, y como una parte importante de los ingresos de las instituciones regionales y locales dependen de las transferencias del Estado, también condicionan las políticas que pudieran aplicar los gobiernos autonómicos.
En situaciones normales, los PGE intentan junto con el mantenimiento del orden público (justicia, defensa, policía y relaciones exteriores), dinamizar la actividad económica y social y mejorar las condiciones de protección social. Estas son las tres principales actividades que se espera lleve a cabo el Estado con el dinero que gestiona. Ese dinero lo recauda el Estado del conjunto de las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de producción y consumo en el territorio del Estado, y representa una parte del valor que produce el trabajo social, incluido el trabajo de los funcionarios y trabajadores del Estado, que también pagan impuestos y cotizaciones sociales.
Es ya una tradición española que la recaudación normal del Estado sea muy inferior al gasto realizado, con lo cual siempre ha tenido que recurrir a endeudarse en mayor o menor medida. Pero la crisis actual es de tal dimensión, que en los años 2009 y 2010 el gobierno no previó ingresos corrientes (es decir, recaudando impuestos, tasas, transferencias recibidas e ingreso del patrimonio) ni siquiera para hacer frente a los gastos normales, no financieros. Y el problema se agravó porque ni siquiera esas previsiones de ingresos se cumplieron.
En esas circunstancias, el ajuste del presupuesto es una necesidad ineludible, so pena de llevar al Estado a una situación insostenible. Ahora bien, el ajuste se puede llevar a cabo principalmente aumentando los ingresos corrientes, o reduciendo el gasto corriente. Y desde 2010 tanto el gobierno socialista como el gobierno popular han optado por centrar el ajuste en la reducción del gasto. Los servicios básicos (ley, orden, defensa y relaciones exteriores), el gasto social, el gasto en actividades económicas y las transferencias alcanzaban en 2009 unos 7.120 euros por cada habitante, y las previsiones indican que el año próximo se habrán reducido hasta los 5.928 euros por cabeza.
Las previsiones del Presupuesto General del Estado para 2013 establecen una reducción de 2.060 millones de euros en los gastos operativos y un aumento de 22.043 millones en los gastos asociados a la compra de deuda pública -sobre todo por la Seguridad Social- y al pago de intereses. O, dicho de otra forma, los PGE de 2013 contribuyen a transferir más riqueza hacia las clases rentistas, propietarias de títulos de deuda pública, en contra del resto de los ciudadanos y la actividad económica en general.
Contra lo que se suele afirmar, esta reducción del gasto corriente no se ha centrado directamente en el llamado "gasto social" (pensiones, desempleo, ayudas sociales, sanidad, educación y cultura), sino en las actividades económicas (agricultura, industria y energía, comercio, turismo y PYME, subvenciones al transporte, infraestructuras, I+D?), para las que en 2013 se destinarán 15.500 millones de euros menos que en 2009. Esa diferencia, que equivale al 1,5% del PIB, es la principal causa del impacto negativo de los presupuestos en la actividad económica general. Con una reducción tan brutal en los gastos en actividades económicas, el resultado difícilmente puede ser otro que el estancamiento económico en el que está empantanada la economía española en los últimos dos años. Al sector productivo se le anuncia que el deterioro de las infraestructuras va a prolongarse un año más, con lo cual resulta difícil que el gobierno afirme que las denominadas reformas estructurales van a mejorar la competitividad de la economía y facilitar la inversión y la creación de empleo, cuando paralelamente se deteriora el capital físico y social público, que juega un papel primordial en las mejoras de la productividad general de la economía.
Otra de las perlas del proyecto de presupuesto son las transferencias a las comunidades autónomas y entidades locales, que en 2010 llegaron a superar los 71.000 millones de euros, para reducirse a 40.000 millones en 2011, 43.000 millones en 2012 y ahora serán 40.000 en 2013.
El gasto social tiene dos componentes básicos: las transferencias (pensiones, desempleo) que gestiona sobre todo la administración central y los servicios sociales (educación, salud, dependencia), que gestionan las administraciones regionales y locales. Teniendo en cuenta que las Comunidades Autónomas solo están autorizadas a gastar 7.500 millones de euros más de lo que ingresen, el mensaje de los presupuestos es claro: se deja a los gobiernos autónomos a su suerte, para que apliquen los recortes en los servicios sociales más sensibles para los ciudadanos, la salud y la educación.
El problema estructural de los presupuestos está en los ingresos, pues el déficit no obedece a que el Estado vaya a gastar más, ya que el gasto operativo (excluido el servicio de la deuda) incluso disminuye un poco, unos 43 euros por persona. El gobierno prevé recaudar en 2013 tan solo 6.300 millones más de lo que se espera recaudar este año, mientras que en impuesto de sociedades prevé una reducción en la recaudación de -569 millones de euros sobre el avance de liquidación de 2012, y el resto de impuestos directos, en especial el de patrimonio, pasa a tener un carácter residual, con una reducción de 2.482 millones de euros. De nuevo un mensaje político claro, no está previsto en absoluto una "reforma estructural" de la fiscalidad del capital, la riqueza y las rentas más elevadas, prácticamente la única reforma tributaria que puede dar un verdadero impulso a los ingresos. Como siempre, el ajuste recae sobre los asalariados de todo tipo.
Lo único que nos puede alegrar de este proyecto de presupuestos es que en Euskadi, al no haberse actualizado todavía el sistema de cálculo del Cupo (asunto que se volverá candente en la discusión política del próximo año), se mantiene la aportación con el sistema anterior: 921 millones de euros, menos 100 millones de euros de impuestos especiales y menos otros 10 millones de contribución del Estado a la jubilación anticipada en la Er-tzaintza.
