El (des)concierto
DIVERSOS observadores de la política catalana observan con desconcierto la relación entre el govern de la Generalitat i Convergència i Unió (CiU) con el ejecutivo del Estado y el Partido Popular (PP), con enfrentamientos más o menos duros, aunque no tanto como los que se prevén y sin embargo acuerdos y apoyos mutuos, incluyendo el que ha permitido la aprobación de los presupuestos catalanes o la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, sujeto el segundo a un más que probable recurso al Constitucional.
La base para el recurso, por invasión de competencias catalanas, se ha sentado con la decisión de los grupos de CiU y socialista (PSC) de enviar el texto aprobado al Consell Consultiu, órgano encargado de informar sobre si una norma se ajusta al cuerpo de la Carta Magna, Estatut incluido.
El PP ha reconocido en diversas ocasiones recientes la justicia de reclamaciones llegadas desde el Principat, como los famosos 759 millones debidos por infraestructuras no realizadas, los 1.400 del fondo de competitividad, o la urgencia de obras como la conexión del puerto de Barcelona para el tráfico rodado y el tren, o las imprescindibles aportaciones a los trenes de cercanías, en dos visitas casi consecutivas de la ministra Pastor.
Unos reconocimientos de deuda que, sin embargo, no se traducen en cumplimientos, ni pagos, con el pretexto de la crisis, y siempre con la promesa de que se harán efectivos "tan pronto como sea posible".
En el horizonte se forman los nubarrones de tormentas casi perfectas, como la reforma de la ley de Educación que plantea un ataque frontal contra el modelo de inmersión lingüística del sistema catalán, o la declaración del titular de Justícia, Ruiz Gallardón (no faltaron quienes le veían con toda simpatía cuando era alcalde de Madrid, quizás por contraste con Esperanza Aguirre, y a estas alturas ya deben estar al pie del guindo). Don Alberto ha afirmado que el conocimiento del catalán será mérito, pero no requisito, para ejercer de juez en Cataluña. Dicho de otro modo, no hará ninguna falta saber la lengua para juzgar a los ciudadanos que la hablan.
Una vez más se lleva al extremo la distinción constitucional entre "el derecho y el deber" de conocer y usar el español y el "derecho de conocer y usar" el catalán. Pero, cómo ejercer el derecho de uso ante alguien que no te entiende, ni quiere entenderte? Las estadísticas lingüísticas de las actuaciones judiciales son aterradoras: solo el 14% de las sentencias de tribunales del Principat, y menos de la mitad de las demandas, se redactan en la "lengua propia". Parte de los analistas, desconcertados cuando observan la relaciones bilaterales entre los gobernantes en el Estado y en Catalunya, concluyen que CiU y el Govern Mas han dado prioridad absoluta al pacto fiscal que acabe con el expolio de miles de millones anuales a la hacienda de la comunidad autónoma.
Oriol Pujol asegura que no se admitirá nada que no suponga la recaudación por instituciones propias de todos los impuestos. Mas admitiría una Agencia Tributaria conjunta (con la estatal) temporalmente. Alicia Sánchez Camacho ofrece un pacto "singular dentro de la LOFCA", que es la ley de financiamiento de las comunidades de régimen común. Y, en todo caso, nadie espera que la demanda (de la mayoría absoluta de ciudadanos catalanes, según las encuestas reiteradas) se haga realidad, ni parcialmente, antes del año próximo. Ni descarta que acaben haciéndose realidad las posibilidades de anticipar elecciones autonómicas, o convocar una consulta popular sobre e tema, antes de que termine 2013.
Y cada vez que se plantea la reclamación catalana de algo parecido al concierto económico, no podemos dejar de recordar la declaración hecha en persona por Roca i Junyent, ponente de Constitución y Estatut, sobre el asunto. Suárez le había convencido de renunciar a la concertación económica con unas cuentas que resultaban "más favorables que el concierto".
No eran las del Gran Capitán, pero sí una promesa no plasmada por escrito, cuando ni las escritas se han acabado cumpliendo. Y más, habida cuenta de lo que duró el Duque al frente de la transición.