LA sociedad moderna del bienestar está siendo sometida en los últimos tiempos a continuos sobresaltos derivados de ser tomada como rehén en conflictos que afectan a ámbitos de servicios esenciales para la comunidad. Hoy son los controladores, mañana, los pilotos; luego, los maquinistas de tren y más tarde, los médicos o los profesores y todo ello en situaciones y coyunturas muy diferentes. Se consideran áreas a proteger desde lo público las de Transportes, Sanidad y Educación porque forman parte de los elementos ante los que los ciudadanos debemos ser iguales. La salvaguarda de la igualdad de oportunidades tiene mucho que ver con esas tres áreas, que junto con desempleo y formación y pensiones conforman el área social y su garantía presupuestaria significa el leif motiv de la democracia social y de la izquierda política como artífice del logro de esta Europa social.
Sin embargo, cuando los sindicatos quieren poner en jaque a un gobierno con una huelga general, son esas áreas sociales que dicen proteger las primeras en sufrir el ataque sindical. Es una paradoja que cada vez tiene más detractores porque los sindicatos actúan más como gremios de interés que como sindicatos laborales. Uno puede entender la dinámica de confrontación entre patronal y sindicatos, pero cuando el ataque es contra los gobiernos legítimos, democráticamente elegidos, ya entra en juego otro concepto que tiene que ver con el interés general defendido por el gobierno de turno. La sociedad, a través de la representación política que otorga a sus parlamentos y gobierno, considera que determinadas funciones deben tener la seguridad indefinida de los funcionarios que las ejercen o cuasi indefinidas del personal laboral que forma parte de empresas de capital público.
Esa garantía del puesto de trabajo no forma parte de la dialéctica sindicatos-patronal en un ámbito democrático y social o al menos no debiera formar parte de él. Esa gran ventaja de la estabilidad laboral debiera tener su correlato con más garantías para la sociedad de la que debe ser agredida impunemente como con demasiada asiduidad lo estamos sufriendo. ¿Quién protege a la sociedad? Está claro que debiera ser el Parlamento legislando y el gobierno tomando las medidas oportunas, pero luego la dinámica indica que casi nunca es así.
La globalización nos indica que la deslocalización se produce con asiduidad, las empresas cierran y abren con facilidad, muchas veces con excesiva facilidad, pero ante ello no hay mucha defensa. Ello lleva a situaciones en las que la dialéctica sindical no tiene enfrente a la empresa porque ésta ha desaparecido y crea una situación de frustración sindical que nos puede llevar a sentirnos vacíos y enfadados.
Luego ocurre que esa frustración se manifiesta en aquellas áreas que "no se pueden deslocalizar", que son en esencia la administración y los servicios. En los servicios la competencia es muy grande y las posibilidades de lucha sindical relativamente bajas. En cambio la administración, no deslocalizable, con garantía laboral y sin riesgo de cierre patronal se ha convertido en la pagana de este sindicalismo frustrado y frustrante donde muchos sindicalistas viven sin poder dar, y sin querer dar la mayoría, un palo al agua.
Tres años de crisis y más de cuatro millones de parados y los sindicatos han hecho una única huelga general y además fue un fracaso, pero no dimite nadie. Eso sí, piden ceses de los demás pero de ellos mismos y de sus fracasos ni palabra. Esta es la realidad de un colectivo social básico, pero que no encuentra su sitio porque es incapaz de reflexionar y reaccionar.
Así lo fácil es apoyar a gremios, que no sindicatos laborales, que actúan en defensa de sus intereses por encima de todo y que en una dialéctica de clases sociales se podría considerar como escandaloso como mínimo. Por cierto, tengo curiosidad por leer un día en algún medio de comunicación cuáles son los sueldos de las cúpulas sindicales y así sabríamos a qué clase social pertenecen porque igual resulta que conforman un gremio muy particular.
Vuelvo a la pregunta de quién protege a la Sociedad porque creo que vamos en una dinámica suicida. ¿Qué dirán los sindicatos de Brasil, México, etc. de los beneficios de la deslocalización que a ellos beneficia y que aquí perjudica a nuestros trabajadores? Esto en el futuro irá a más y los sindicatos no tendrán más contrario que a la Administración a la que tanto atacan últimamente, pero es que la Administración somos nosotros, son nuestros representantes. ¿Van a seguir por ese camino? A día de hoy no soy nada optimista respecto a la evolución sindical y no digamos de los gremios pseudo-sindicales, controladores, pilotos, maquinistas, médicos, profesores, todos ellos con garantía laboral y que toman de rehenes a la ciudadanía en defensa de sus derechos. Es verdad que como gremios los tienen pero no puede llegarse al abuso al que nos tiene acostumbrados. Los servicios mínimos no se cumplen ni de broma, pero ese es otro cantar. Parece que ahora se busca el camino de la Fiscalía en el caso de los controladores, y desde luego ya era hora, porque hay que acabar con el abuso y si hay que legislar más y mejor, los representantes de la sociedad deberán hacerlo para ser más justos en su quehacer.