SON muchas las voces que anuncian una próxima solución del problema de la violencia de ETA, pero no todos se apoyan en las mismas razones. Unos creen que el final de ETA está próximo por la eficacia de la acción represiva de las fuerzas de seguridad. Otros piensan que la toma de posición de la izquierda abertzale a favor de la utilización de medios exclusivamente políticos, junto con la repulsa popular para que renuncie definitivamente a la violencia armada, pueden ser la causa de una fundada esperanza. En este contexto se sitúa la presencia de la acción "mediadora" de instancias internacionales. La pacificación sería el resultado de un proceso a partir de la declaración por parte de ETA, de un "alto el fuego, permanente y verificable" por esas instancias internacionales. Una declaración que ETA anunciaría antes de la próxima Navidad.

Se da también una circunstancia de innegable importancia política. Dentro de un corto espacio de tiempo, tendrán lugar las elecciones municipales y forales. La participación en ellas de la izquierda abertzale a través del partido político de Batasuna queda excluida dada su situación de ilegalidad. Para obviar esa dificultad, la izquierda abertzale podría recurrir a la creación de un nuevo partido político legitimable por su desenganche colectivo respecto de ETA.

Ante estas realidades de hecho no faltan quienes piensan que este proceso de pacificación, tramado a partir del hecho de una esperada declaración de ETA, no es otra cosa que una estratagema más, a las que ETA nos tiene acostumbrados, para poder seguir haciéndose presente en las instituciones públicas.

Ante esta realidad, existen diversas posturas: hay quienes creen que no cabe otro posicionamiento que el de esperar a ver lo que pasa y actuar luego en consecuencia. Otros, para superar esta postura pasiva, afirman que se trata de creer y de hacer confianza a planteamientos que pueden ser más próximos a los propios sentimientos y convencimientos. Merece la pena reflexionar sobre esta nueva situación, tal como ella se plantea en estos momentos.

Ofrecemos, a continuación, unos puntos de análisis en particular sobre el proceso socio-político, en la línea de la propuesta de la mencionada instancia internacional.

El proceso, en su totalidad, supone la existencia de dos tiempos sucesivos. Un primer tiempo, que habría de concluir con el cese definitivo de la violencia de ETA. Y un segundo tiempo, que estaría ordenado a la realización de las conversaciones entre partidos políticos con el fin de lograr una solución democrática del problema político vasco. Algo que en intentos anteriores se pretendía alcanzar mediante la simultaneidad de la mesa de pacificación y de normalización, con el inconveniente de hacer depender la una de la otra, con sus pros y contras.

En este nuevo proceso y en su totalidad, se trata de independizar ambos fines entre sí, para evitar cualquier intento de hacer de la normalización un precio a pagar por el cese de la violencia de ETA. Evidentemente, si se parte de la hipótesis de que tal problema político de Euskadi es una mera creación artificial de ETA, este planteamiento carecería de sentido. Pero, en tal caso, habría que desmentir la afirmación de que "en España se puede discutir políticamente de todo", con tal que no sea ni bajo la presión de ETA ni como logro de ETA alcanzado por su violencia.

El cese permanente de la violencia de ETA, a alcanzar de manera verificable, implicaría que la entrega de las armas se diera no solo como proyecto sino también como realidad fáctica, según el ejemplo de Irlanda. La presencia de todos los partidos políticos en el desarrollo del proceso de pacificación habría de definir el modo preciso de realizar ese punto concreto y esencial del mismo. Las conversaciones entre los partidos políticos no comenzarían hasta haberse alcanzado ese objetivo. Algo que está claramente establecido en la doctrina de Mitchell, a la que tan frecuentemente se hace referencia.

En este proceso se crea una mesa de encuentro de todos los partidos políticos para asegurar la voluntad política de la totalidad del Pueblo Vasco, cuyos derechos, en la diversidad de las opciones realmente existentes, habrían de ser reconocidos, al margen de cualquier forma de violencia política o de otra naturaleza.

Los estados y, particularmente el Estado español, favorecerán el desarrollo del proceso en su totalidad, sin ignorar o desconocer la peculiaridad propia de cada uno de los dos momentos del proceso. La claridad en la comprensión de este proceso, en medio de su complejidad, impediría visiones e interpretaciones equívocas que pudieran llevar a su distorsión, que hicieran más difícil su aceptación. Las ausencias, no beneficiosas para el proceso, no impedirían el apoyo que las instancias internacionales ofrecerían a su realización.

La aceptación, por parte de ETA, del desarrollo de todo proceso habría de posibilitar la legalización de Batasuna o del nuevo partido que la izquierda abertzale hubiera podido crear. La renuncia de ETA a llevar a su término este proceso, supondría que la izquierda abertzale realiza una condena y rechazo expreso de la violencia de ETA.

El pueblo no puede estar al margen de este proceso. Son graves las consecuencias que de la existencia o inexistencia del mismo, se pueden deducir para la paz.