EL gobernador del Banco de España, el manifiesto "de los 100 economistas", la CEOE y la generalidad de la opinión publicada en los medios de comunicación de más audiencia, (no así un significativo sector de los profesionales universitarios especialistas en la materia) coinciden: la Seguridad Social española precisa ineludiblemente de reformas de envergadura entre las que deben figurar, cuando menos, el aumento de la edad de jubilación, la ampliación a toda la vida laboral del período de tiempo para el cálculo de la pensión y el incremento del plazo de cotización necesario para acceder a la percepción del 100% de la prestación económica correspondiente.
Sin perjuicio de que también pensemos que necesita reformas y que en concreto la ampliación del período de cálculo es muy razonable para un determinado tipo de trabajadores, este discurso es un tanto incoherente y paradójico. Por ceñirnos hoy al espacio disponible vamos a reprocharle tan solo tres paradojas, que nos vamos a permitir denominar, "paradoja del escenario", "paradoja del gasto" y "paradoja del ingreso" respectivamente.
Un primer aspecto del discurso políticamente correcto es que nos sitúa ante un escenario a 25 ó incluso 50 años vista. Uno no conoce servicio o política pública alguna en la que se adopten decisiones tomando como referencia el escenario previsto a plazo tan alejado. ¿Se imaginan a alguien evaluando cuál puede ser el ejército que España vaya a necesitar dentro de medio siglo y decidiendo en función de eso si gasta más o menos en el de ahora? Es verdad que esto no es del todo exacto; a veces se manejan en política energética proyecciones similares, siempre en sentido catastrofista; proyecciones que nunca se cumplen pero en las que se fundamentan decisiones (como la apuesta por un determinado nivel de generación eléctrica nuclear) que jamás se reevalúan. (Nos acordaremos aquí los menos jóvenes del famoso "informe sobre los límites del crecimiento" del Club de Roma que en los años 70 nos hacían estudiar en la ikastola y que anunciaba que solo quedaba petróleo en el mundo para 30 años y que se agotaría en torno al año 2000) Y no se quiere de ninguna manera decir con eso que el modelo energético no necesite reformas y se base en un consumo de energías no renovables escasamente viable.
Puede que nos quieran vender que el sistema de Seguridad Social no puede cambiarse de la noche a la mañana y que sus dimensiones obligan a adoptar medidas con cierta antelación a cuando se prevé que van a revelarse como imprescindibles, pero choca tanta proyección futura, cuando sin ellas, sin estudios previos, consensos suficientes ni debate sosegado, se proponen medidas como la congelación de determinadas pensiones por motivos coyunturales ajenos a su situación presente o se sugieren medidas como las citadas al inicio. ¿ En qué quedamos? ¿En que hay que actuar ahora en función de un escenario futuro o en que podemos olvidarnos de planes y efectos a largo plazo para decidir de forma improvisada porque presuntamente "lo piden los mercados"?
No solo es paradójico el escenario del discurso, también contiene una evidente "paradoja del gasto". Se nos dice que el gasto actual será insostenible desde 2020, cuando se prevé que comience a generarse déficit porque no existirá suficiente número de cotizantes, demografía en mano, para generar los importes a recibir por los acreedores de prestaciones. Realizar proyecciones demográficas a tan largo plazo puede ser obligado, pero creérselas como dogma de fe, es simplemente estúpido.
Si algo han demostrado los últimos 10 años es que crear empleo, por mucho que roce frecuentemente la barrera de lo indigno en cuanto a sus condiciones, constituye un irresistible imán para atraer población. Si se adoptan por parte de la Administración las medidas oportunas para garantizar que empleadores y empleados coticen como corresponde, puede variar considerablemente el número de cotizantes previsto. ¿Han visto Vds. alguna previsión sobre las posibilidades de creación de empleo en la economía estatal en esos 25 ó 50 años ? No la encontrarán. Y no porque sea más difícil o menos fiable elaborar proyecciones en este terreno con respecto al demográfico, porque previsiones de esta índole se realizan cada año a la hora de confeccionar los presupuestos.
La paradoja del gasto se manifiesta también en otro sentido. ¿Conocen Vds. algún estudio sobre la incidencia en el gasto de las medidas que se proponen? ¿Se garantiza de algún modo que de cumplirse esas previsiones no harán falta ulteriores medidas reductoras? Parece más bien que en un momento en que la Seguridad Social genera superávit, lo importante es reducir las prestaciones sin saber si la medida en que se hace tiene realmente algo que ver con lo que se va a necesitar dentro de muchos años. ¿Por que entonces no esperar? ¿ Se trata tal vez de incentivar la afluencia de fondos a los planes de pensiones privados y salvar con ello el negocio de las entidades financieras? Llama la atención que se aduzcan presiones de los mercados que parecen no sufrir otros estados de la U.E. (Alemania, Francia donde la reforma propuesta todavía proporciona prestaciones mejores que las españolas, los países escandinavos... ) con sistemas más generosos.
Finalmente, se observa también una enorme paradoja si nos enfrentamos a la cuestión desde la perspectiva del ingreso. Ninguno de los promotores de reformas en la S.S. alude a mejoras en los mecanismos de prevención y persecución del fraude. Mientras los expertos cifran la evasión fiscal en torno al 20% ó 25% del importe recaudable, el fraude a la Seguridad Social parece no existir. ¿ No se plantea nadie cuánto podría lograrse con una actuación más eficaz en este sentido? ¿Somos quienes trabajamos en la Administración Pública los únicos que intuimos que existe un fraude generalizado, además de en el trabajo clandestino, en relación con las segundas y sucesivas actividades que realizan muchas personas?
Pero no es éste el único aspecto paradójico del discurso reformista oficial en lo que se refiere a los ingresos. Uno no puede entender todavía por qué el sistema de Seguridad Social que atiende a cuestión tan fundamental como la vida digna de las personas cuando han dejado de ser económicamente rentables, debe autofinanciarse cuando no lo hacen los museos, el transporte público, el ejército u otros muchos servicios públicos. ¿Acaso no puede utilizarse el Presupuesto para finalidad tan prioritaria en cualquier sociedad moderna? ¿Por qué no pueden subvencionarse en alguna medida las pensiones contributivas (cubriendo, por ejemplo, los eventuales déficits) cuando hoy por hoy parece que puede subvencionarse cualquier cosa y se proporciona con cargo a los mismos presupuestos asistencia social de idéntica naturaleza (prestación económica) a gentes que nunca han contribuido?
Que nos lo explique el que pueda. Pero la explicación hasta ahora (y mira que han hablado muchos) o la falta de ella no deja de ser paradójica. O de decirnos mucho.
