A consecuencia de la crisis que hace dos años provocaron la Banca y los poderes financieros, hoy Zapatero, tan sumiso como López y Sanz, va a imponer un paquete de medidas que, con la excusa de reducir el déficit público, va a recortar derechos sociales y a reducir servicios y empleo público. Fue una crisis de beneficio: con el objetivo de obtener más y más beneficio, la Banca jugó a vender hipotecas a quienes no podían pagarlas. Se generó una gran burbuja que, al estallar, colapsó el sistema capitalista en el que vivimos.

En estos dos años, el Estado ha puesto a disposición de la Banca 230.000 millones de euros. De ellos, los bancos ya han utilizado 60.000 millones de euros: equivale a más de dos veces el gasto en prestaciones por desempleo; es el déficit público español de dos ejercicios. No se prevé que tengan por qué devolverlo y Europa ya ha dado 1,5 billones de euros, 4 veces más que el rescate de Grecia.

La crisis provocó un estado de shock en la población, de miedo, alentado por las declaraciones de los grandes prebostes de la economía financiera. Los que generaron la crisis son quienes hoy están dando sus recetas a los políticos, no para salir de ella, como nos quieren hacer creer, sino para disciplinar a la población, aumentar su poder y ver cómo siguen obteniendo beneficios en esta situación. Y hoy aprovechan su posición de fuerza para imponer a los estados como soluciones aquellas medidas sociales y económicas que les interesan. Ataques como los que han tenido lugar en Grecia no se han practicado en los países industrializados desde entreguerras si no ha sido bajo regímenes militares, golpes de estados o procesos transicionales como el de los países del Este. Es lo que se conoce como la doctrina del shock (Naomi Klein).

Las medidas en cuestión anuncian recortes en el gasto público, en las prestaciones sociales, en las pensiones y en los sueldos de los funcionarios. Los poderes financieros ya han decidido que de esta crisis se va a salir con menor protección social, con menores prestaciones sociales y peores servicios públicos. Son los ámbitos de negocio que persiguen. Detrás de las medidas, por tanto, no se busca la salida de la crisis, sino que se esconde la estrategia de desmantelamiento de lo público y hacer negocio de él, estrategia liderada por el FMI y el resto de instituciones monetarias y financieras. Esta estrategia de desmantelamiento de lo público se viene desarrollando desde los años 90. Tanto en la CAPV como en Nafarroa. Conocemos bien las consecuencias de esas políticas:

- El índice de precariedad supera el 30% en los ámbitos de los gobiernos.

- En los ámbitos municipales la precariedad es del 40%: muchos de los trabajadores y trabajadoras en esta situación tienen contratos en fraude de ley (contrataciones de septiembre a junio; contrataciones temporales para actividades estructurales...).

- En la Administración local el número de trabajadores y trabajadoras subcontratados alcanza ya al volumen de personal propio.

- A través de las privatizaciones han creado una administración paralela, a mitad de precio y con menos derechos.

- Privatización de los servicios sanitarios, incremento de las concertaciones.

Ante este panorama, los políticos, sometidos a los desmanes de los capos financieros, se hacen cómplices del poder y dicen que "no es momento para huelgas, sino para trabajar". Y ¿cuándo va a ser el momento de tocar la fiscalidad? ¿Cuándo van a decidir los políticos de Hego Euskal Herria que las herramientas para decidir que están en sus manos las van a poner al servicio de las necesidades de la sociedad? Si la situación es tan grave, ¿por qué no tratar de aumentar los ingresos vía fiscal gravando a las rentas más altas, al beneficio empresarial, a las rentas del capital, al patrimonio, perseguir el fraude fiscal...? Y si existiera necesidad de recortar algún gasto ¿por qué no recortar de las grandes infraestructuras?

Los recortes en gasto social, en empleo y servicios públicos son un ataque directo contra la clase trabajadora. Contra los que más necesitan de esos servicios. Sólo un sector público fuerte puede dar cobertura a derechos, necesidades y aspiraciones de la gente sencilla. Esta huelga, además de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de lo público y el empleo público, ampara a quienes más necesitan de lo público y no pueden pagarse lo privado.

El 25-M, además de ser una huelga en defensa de los servicios públicos, es una huelga que pone en cuestión el diálogo social. Los del 2 junio o el 8 junio son los protagonistas del diálogo social y están encantados con que el paquete de medidas tenga carácter de básico; que sea de aplicación en todo el Estado. El diálogo social es una coartada que utiliza el poder político para lograr legitimación social. En las mesas de diálogo social sólo se habla de lo que los políticos quieren: formación, salud laboral... No se toca lo importante: la fiscalidad, el gasto social, las privatizaciones de lo público. Sirven para repartirse cuantiosos fondos, a cambio de que quienes participen callen. Y se utiliza como pantalla para acometer reformas gravísimas. Como la reforma laboral, de pensiones o de negociación colectiva.

¿Se puede salir a una huelga, entre otras cosas, por la congelación de las pensiones, cuando están pactando una reforma de pensiones que va a tener consecuencias dramáticas?

Por eso, en Hego Euskal Herria vamos a dar una respuesta diferente.