¡Qué fácil!

Hemos vivido años de aparente riqueza, en los que el dinero ha circulado por vías legales y no legales, donde se ha defraudado, se ha especulado y mucha gente se ha enriquecido. Sin embargo, cuando se plantea la necesidad de reducir el déficit público, generado por prácticas financieras, empresariales y políticas especulativas y/o poco prudentes, sólo se habla de reducir el gasto. Y yo me pregunto, ¿por qué no se plantea aumentar los ingresos?

El gasto público es fundamental para la generación de riqueza económica y social y para el desarrollo del Estado de bienestar. El reto está en el aumento de la recaudación, no en la reducción del gasto. Sin embargo, durante estos años de aparente bonanza, ¿qué han hecho los diferentes gobiernos? Han bajado los impuestos a las empresas, cuyos beneficios, sin embargo, nunca han sido redistribuidos entre la ciudadanía, se han embarcado en obras megalómanas, hipotecando en muchos casos los presupuestos públicos, han puesto en marcha medidas populistas, como el cheque-bebé, que además de descapitalizar a las administraciones han contribuido a sacar a las mujeres del mercado, con la consiguiente pérdida de talentos y de recaudación fiscal y de seguridad social, en lugar de generar empleo en el ámbito del cuidado, la educación y la economía social. Pero ahora que la cruda realidad se impone y la Unión Europea exige la reducción del déficit, las medidas que se proponen no tienen como objetivo a quienes más se han beneficiado. Al contrario, afectarán a quienes antes y ahora han recibido una retribución limitada y modesta, de la que en todo momento han contribuido además con sus correspondientes impuestos: funcionariado y pensionistas. ¡Qué fácil!

Y por si eso fuera poco, se recortará la ayuda de cooperación al desarrollo a los países del sur, que seguirán aún más empobrecidos, y se reducirá la ayuda que reciban, al eliminar la retroactividad, de quienes tienen algún tipo de dependencia. Y yo me pregunto, ¿qué tienen que ver pensionistas, empleadas y empleados públicos, personas acogidas a Ley de Dependencia y las comunidades empobrecidas del sur con la generación de la actual crisis?

Es responsabilidad de quienes gobiernan en cualquiera de los niveles de la administración realizar un ejercicio serio de creatividad y actuar con equidad y sentido de justicia social. Y no es difícil imaginar otro tipo de medidas que aumentarían el ingreso social, posibilitando así hacer frente a la deuda pública. He aquí algunas:

Establecer una tasa al sistema financiero para que compense su responsabilidad en la actual situación económica, así como las ayudas públicas recibidas.

Aumentar la presión fiscal sobre las rentas más elevadas, incidiendo sobre las clases altas, mientras se mantiene la capacidad de consumo de las clases medias.

Hacer emerger las bolsas de fraude, especialmente provenientes de las grandes fortunas, de determinados negocios, y de quienes trabajan por cuenta propia (profesiones liberales, profesionales?).

Hacer emerger la economía sumergida, que es la que en gran medida está sosteniendo los altos niveles de desempleo, generando con ello empleo de calidad y el aumento de los ingresos fiscales.

Reducir los gastos fiscales, eliminando la gran cantidad de deducciones, reducciones y desgravaciones que existen en la actualidad y que disminuyen enormemente los ingresos, impidiendo con ello cambios estructurales de orden social que generarían empleo, el cual a su vez contribuiría a aumentar la recaudación.

Eliminación de todas las ayudas directas y medidas desincentivadoras del empleo de las mujeres, promoviendo a su vez la creación de empleo de calidad en el ámbito del cuidado asistencial y socio-educativo.

Reducir el gasto público militar, que supone alrededor de 50 millones de euros diarios y no genera bienestar social.

Suspender temporalmente obras de infraestructuras no urgentes, promoviendo paralelamente la generación de empleo ligado a la economía social.

Prescindir de la gran cantidad de personal de confianza al servicio de los cargos públicos, que aún no siendo empleadas o empleados públicos, cobran una nómina del dinero público.

Diseñar mecanismos de coordinación interdepartamental e interinstitucional que, más allá de los intereses partidistas o territoriales, posibiliten racionalizar el gasto público y atender las auténticas necesidades de la ciudadanía.

No es de recibo que, tras un sinfín de despropósitos que han posibilitado el enriquecimiento de mucha gente, ahora tengan que pagar los sectores más vulnerables y debilitados y, además, como si representaran a toda la sociedad, ya que según estamos oyendo machaconamente "todos y todas tenemos que contribuir a salir de esta situación". Si todos y todas tenemos que contribuir, es bien fácil: que se bajen los sueldos hasta el sueldo medio de una persona funcionaria o pensionista los directivos de la banca, de las grandes empresas, los cargos públicos, los jugadores de fútbol, quienes ejercen profesiones liberales... No es de extrañar que, ante las medidas planteadas, la ciudadanía se eche las manos a la cabeza, mientras el empresariado las aplaude y le parecen insuficientes.

Y todo esto tiene consecuencias peores que la propia crisis, ya que genera desconfianza en los poderes públicos, falta de credibilidad de quienes nos gobiernan, desánimo y frustración. Y no hay nada peor para que una comunidad salga adelante que el desánimo y la falta de proyecto común. Aún estamos a tiempo para afrontar la crisis con medidas más imaginativas, responsables, satisfactorias y justas. No es tarea fácil, y por ello no valen las soluciones fáciles.

Ojalá quienes están en posición de tomar decisiones tengan las miras altas y la ciudadanía no tenga que volver a exclamar con sarcasmo: ¡Qué fácil!