Reconducir la Ley vasca de Juventud

Desde el referente juvenil de Aralar, Iratzarri, realizamos una serie de propuestas con el objetivo de reconducir la Ley de juventud para que se convirtiera en un instrumento útil de participación y que garantizase la emancipación de las y los jóvenes. Entendemos que, en su actual borrador, la ley es insuficiente e incluso regresiva y por tanto instamos a que se reformule su contenido.

De un lado, y ante la creación del Instituto Vasco de la Juventud (IVJ), consideramos que el mismo no puede ponerse al servicio exclusivo de la Lehendakaritza. Con la actual propuesta los cuatro miembros (¡todos!) del Consejo de Dirección quedan bajo su control, incluida la presidencia, que ostenta el propio lehendakari.

La consejera de cultura llegó a comparar el IVJ con Emakunde, pero en dicho organismo participan Diputaciones y Eudel, por ejemplo. Este Instituto va a comprometer presupuesto, políticas y equipamientos de los ayuntamientos y de las Diputaciones sin permitirles participar en la decisión. ¿Es esto lógico? Pensamos que no.

Además, y de momento, el Instituto carece de consejo social, algo que sí posee Emakunde y donde se dan cita las asociaciones implicadas. El Gobierno vasco no debería perder la oportunidad de darle al Consejo de la Juventud (EGK) y las asociaciones y movimientos juveniles voz en un Consejo Social, y de paso desmentir que quiera suprimirlo. Porque lo cierto es que la única vez que se mencionaba al EGK era para eliminarlo en la práctica, en las disposiciones transitorias. Luego tuvimos que enterarnos que era un "error" de la versión en euskera del borrador. Curioso error, sin duda. Durante semanas no se habló de otra cosa.

Dicho esto, si el Gobierno quiere dinamizar su acción en el ámbito de las políticas de juventud a través de la creación del IVJ nos parece legítimo, teniendo en cuenta los pocos resultados en este ámbito que han logrado los sucesivos Gobiernos hasta la fecha. Lo que llama poderosamente la atención es que se pretenda que este Instituto, cuyo valor radica en impulsar aquello en lo que una Dirección de una Viceconsejería de un Departamento ha sido y es ineficaz, pueda llegar a poner en riesgo otro organismo que sí funciona, el EGK.

Esto es, el IVJ y el Consejo de la juventud son compatibles y existen ejemplos en Catalunya o en el País Valenciá, donde coexisten y además establecen mecanismos de colaboración, pues el Instituto representa la voluntad de las instituciones y los consejos las del tejido asociativo juvenil. A menos que haya una motivación política concreta, nada parece justificar la hipotética desaparición del Consejo. ¿La hay?

Precisamente, el hecho de que en la ley no se mencione ni una sola vez en qué y cómo van a colaborar el EGK y el IVJ nos parece peligroso y e indicativo de una voluntad de desplazar al EGK en sus prerrogativas a ser escuchado y consultado. En definitiva proponemos que el Gobierno vasco reconsidere esta visión intransigente y poco integradora y asegure el estatus del EGK, su autonomía y su legitimidad estableciendo su relación con el Instituto Vasco de la Juventud y en general, con todo el llamado "Sistema Vasco de la Juventud".

La aportación de Iratzarri a esta ley va más allá. Para empezar, la ley, cuando sea enviada al Parlamento, deberá contar con una financiación suficiente y, por tanto, con una memoria económica, sin olvidar el estudio de impacto de género. Si esta ley va a venir sin un euro, mejor que se quede en borrador.

Existen cuestiones que generan una confrontación innecesaria como la mención continua, forzada y tediosa de la Constitución española. La promoción de valores, a su vez, y dado el precedente excluyente del Plan de Paz, puede llegar una vez más hacia los ámbitos del adoctrinamiento. Estamos hablando de jóvenes de 14 a 30 años que donde no ven valores es en el precio de la vivienda o en sus condiciones laborales. Y no precisamente por su culpa.

El fomento del asociacionismo es reiteradamente obviado en la ley (¿Así incentivamos la participación?) y creemos que el Gobierno debe ver en la autogestión una oportunidad y no una amenaza, entendiendo la misma como la iniciativa propia de las y los jóvenes en la que la Administración Pública no pone obstáculos sino que la facilita y promueve. En este ámbito entran, por supuesto, los Gaztetxes, sobre los que la ley no sabe o no contesta.

Al respecto de la emancipación, la ley debe establecer mecanismos con la Viceconsejeria de vivienda para garantizar el acceso a una vivienda, a través de la iniciativa pública de las instituciones y de un modo no paliativo (Como los 200 euros del Gobierno de Madrid y su lamentable efecto sobre el precio del alquiler). Iratzarri apuesta por un porcentaje fijo de vivienda de protección oficial en alquiler destinada a las y los jóvenes.

Creemos que no se debe vincular sexualidad con drogadicción y, además, es muy pobre lo que se dice en estos dos ámbitos. Pensamos que al respecto de las sexualidades así como a la prevención de ETS se le debe de dar un planteamiento integral.

A la cuestión del consumo de drogas, en vez de darle la espalda a la realidad, proponemos considerar como consumidores y no drogadictos a sus usuarios y garantizar la información veraz en vez de la propaganda para dar a conocer aquellos riesgos de adicción científicamente probados.

Cabe destacar, por último, la precarísima mención a la normalización y uso del euskera, que opinamos debería ser más completa y con unos objetivos concretos.

La juventud de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa vive una situación de precariedad laboral y paro, salarios bajos, imposibilidad de acceso a la vivienda, y en general, de perspectivas poco esperanzadoras sobre su futuro, como las propuestas patronales de contratos jóvenes en condiciones de cuasiesclavitud o el aumento progresivo de la edad de jubilación.

Por ello, y como es normal, lo que las y los jóvenes reclaman es una respuesta ante esta situación de injusticia. A la hora de formular una ley de juventud no debemos perder esta perspectiva pues si la ley no sirve para dar la vuelta a esa situación, entonces no va a servir para nada. Y la juventud está ya suficientemente harta de leyes y formas de hacer política que, en el mejor de los casos, nos dejan igual de mal que antes. La Ley vasca de Juventud corre el riesgo de acabar así.