UANDO antaño uno trataba de escabullirse de la mili, que por suerte pasó de largo, alegando hasta un codo maltrecho en la niñez, confiaba en que la notificación del tribunal médico señalara: "Inútil para el servicio". La expresión encajaba en ese artículo 49 de la Constitución aún hoy vigente que se refiere a los "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" que destila de todo menos inclusión. Una reforma impulsada por el Gobierno y el Comité español de representantes de "personas con discapacidad" (CERMI) pretende derogar aquel arcaísmo y reemplazarlo por la definición que recoge la abreviatura. No será en esta legislatura porque PP y Vox, a quienes el reconocimiento de cualquier derecho les produce urticaria, lo han vetado en el Congreso alegando, agárrense, que es una estrategia de "abortistas e independentistas". El lenguaje importa cuando produce efectos en la realidad cotidiana desterrando la diferencia y el prejuicio, pero hasta ese extremo llegan las vísceras de quienes son incapaces de empatizar con los más vulnerables usando estrategias que sobrepasan la indecencia. Hasta el presidente de la ONCE le cantó las cuarenta a Casado en su cara. La protección de este colectivo de cuatro millones de ciudadanos en el Estado debe perseguir su integración, y se empieza por la forma de nombrarlo. A este paso pensaré que los "disminuidos" son quienes votan a esos partidos cuyos cuadros están incapacitados hasta para dirigir la comunidad de vecinos de Montepinar.

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