EL Gobierno español acaba de aprobar su Tasa Google, con la que quiere recaudar cerca de mil millones de euros por el negocio de las grandes plataformas digitales en el Estado. Se trata de gravar con un 3% los ingresos que genera en España la publicidad on line de las redes sociales, las webs en general y del software, la venta de datos recopilados de los usuarios de las páginas de Internet y las facturaciones de las plataformas que conectan a sus clientes, particulares o empresariales, con otros usuarios para realizar una transacción comercial. La idea es que esas compañías no puedan esconderse en la nube para tributar en paraísos fiscales en lugar de donde realizan el negocio. Los principales destinatarios de ese impuesto están bien señalados: Facebook, Google, Booking, Airbnb o rastreadores de seguros están en la lista. Ocurre sin embargo que Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles a quien aumente la carga fiscal de sus gigantes tecnológicos, lo que ha provocado el descarrilamiento de la negociación de una tasa común en Europa. Ahora se busca un acuerdo más amplio, que también incluya a EE.UU., dentro de la OCDE. El caso es que el Gobierno central ha seguido adelante con una norma, eso sí, que no entrará en vigor hasta final de año, cuando con un poco de suerte ya habrá un acuerdo global. De modo que el desafío español a Washington terminará siendo más un gesto que otra cosa de cara a mantener intacto el perfil progresista.
