Es una de las imágenes más inspiradoras y emotivas que he visto en mucho tiempo. El pasado jueves, 71 alcaldesas y alcaldes del PNV y Euskal Herria Bildu -supongo que también de alguna plataforma local- levantaban sus makilas delante del Ayuntamiento de Bilbao para denunciar el desprecio de la Justicia española hacia el euskera. No esperaba ahí a ningún edil del puñadito que conserva el PP en la demarcación autonómica, pero me hubiera gustado ver a regidores del PSE, empezando por la recién estrenada primera munícipe de Gasteiz (con los votos jeltzales), Maider Etxebarria. No creo que la presencia de alguien que milita en una formación que se define, aunque sea con la boca pequeña, como vasquista, hubiera desmerecido en un acto que era, al tiempo, de denuncia, de reivindicación, y sobre todo, de cansancio estratosférico al ver que, más de 40 años del inicio de lo que con nuestra mejor voluntad llamamos normalización lingüística, sigue habiendo instancias que trabajan a destajo y sin rubor en contra de los derechos de las y los euskaldunes.
La última sentencia es un ejemplo de libro sobre el desdén respecto al euskera de parte de la judicatura del terruño. En este caso, se trata de una lisérgica sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Gasteiz que establece que sobra el requisito de acreditar los perfiles correspondientes de conocimiento de la lengua vasca para constituir una bolsa de trabajo de personal interino para la administración pública. Firma el fallo la misma magistrada que en su día arguyó que el euskera es “una lengua muy difícil”. En esas manos estamos.
