L reconocimiento público y la reparación de las víctimas de los denominados abusos policiales -una de las más graves vulneraciones de derechos humanos, porque es cometida por funcionarios públicos encargados precisamente de garantizar la seguridad y la integridad física de la ciudadanía- continúa, a día de hoy, siendo una asignatura dolorosamente pendiente. Es obligación de las instituciones otorgar amparo a estas personas, que han sufrido violencia ilegítima y han visto pisoteada su dignidad humana, además de padecer las secuelas propias de los "abusos". Tras décadas de desamparo y olvido, y después de una larga e inconcebible batalla política y judicial que ha durado años contra verdaderos negacionistas de una parte de la historia de este país, el Gobierno vasco está a punto de compensar -aunque solo sea en una ínfima parte- este agravio mediante la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación a una treintena de víctimas. Este merecido homenaje, que tendrá lugar el próximo 26 de junio -Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura- cumplirá un doble objetivo. Por una parte, hará partícipe a la sociedad vasca de este reconocimiento desde las propias instituciones democráticas, dando legitimidad y carta de naturaleza a esta restitución de la dignidad de las víctimas, lo que ya de por sí supone un hito. De hecho, se trata del primer acto institucional de este tipo que se lleva a cabo. Al mismo tiempo, tendrá lugar también un reconocimiento formal por parte del Gobierno vasco de la condición de víctimas para al menos una treintena de personas que sufrieron abusos, tras aprobarse los primeros dictámenes favorables elaborados por la comisión de valoración, al amparo de la Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, conocida como ley de abusos policiales, aprobada por el Parlamento en 2016. Un acto de justicia que viene a satisfacer el derecho de las víctimas a su reconocimiento y que, pese a las trabas puestas por el Estado, es el comienzo hacia una obligada reparación a los damnificados. La memoria democrática no puede ser selectiva y no puede obviar a ninguna víctima que ha visto vulnerados sus más elementales derechos como persona, sea cual sea el victimario.