Editorial

Del Consejo abajo, ninguno

15.10.2020 | 01:27

La tormenta desatada por la propuesta de reforma de la elección del CGPJ confirma la necesidad de una transformación profunda de la justicia en la que renovar su órgano de gobierno apenas debe ser el comienzo

EL registro en el Congreso por los grupos que sustentan el gobierno de Pedro Sánchez, PSOE y Unidas Podemos, de una proposición de Ley para reformar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial con el objetivo de desbloquear la renovación del CGPJ, que se mantiene en funciones bajo la presidencia de Carlos Lesmes desde el 4 de diciembre de 2018, hace casi dos años, ha desatado una tormenta política que, sin embargo, confirma precisamente la necesidad de una profunda transformación de la justicia española más de 35 años después. Y si la misma oposición (PP, Vox y C's) que mantiene bloqueada por interés ideológico y hasta partidario la negociación para la renovación del Poder Judicial achaca pretensión política a una propuesta que inicialmente presenta como novedad la elección de los 12 miembros del CGPJ correspondientes a Congreso y Senado por mayoría absoluta en segunda votación en lugar de los tres quintos del pleno que exige hasta ahora la ley, esa necesidad se ratifica. Lo corrobora, además, la apelación, también a través de las asociaciones conservadoras de jueces y magistrados, al honor y la independencia judicial que poco o nada tiene que ver con las características de la mayoría legislativa que elija a los miembros del Consejo entre los 36 que, por cierto, presentan las asociaciones profesionales de la judicatura o las agrupaciones de jueces al parlamento en virtud de la reforma que se impulsó en 2001, en plena mayoría absoluta de Aznar. Si de independencia basada en la pluralidad se trata, a finales del mes pasado nueve formaciones con representación en el Congreso (187 escaños en total), apoyaron desbloquear la renovación de un CGPJ elegido siete años antes, en 2013, con mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy. Un CGPJ que, pese a estar en funciones por el bloqueo político de su renovación, ha procedido a nombrar nada menos que seis magistrados del Tribunal Supremo, tres de ellos de la Sala de lo Penal que revisa los casos de corrupción, y pretende realizar en su próximo pleno del día 29 nuevas designaciones, incluidos otro miembro del TS y cuatro presidencias de Tribunales Superiores, entre ellas la del País Vasco. La exigencia de reforma de un poder judicial que elude el diálogo entre la ética, la moral y el derecho y no responde a las realidades políticas y sociales del siglo XXI es tan evidente que el desbloqueo y renovación de su órgano de gobierno apenas debe ser el comienzo.