A presentación por el Gobierno Sánchez para su aprobación en el Congreso de la extensión del estado de alarma hasta el día 26 de abril y su coincidencia con los primeros datos que indican un cambio de tendencia en la transmisión del coronovirus parecen conducir a que a lo largo de las dos semanas siguientes a Semana Santa se inicie la desescalada de restricciones a la actividad y la movilidad que han permitido, aunque todavía de manera incipiente, invertir la curva que refleja la incidencia de la pandemia. En este punto, quizá el más crítico al coincidir en él los riesgos de la transmisión del covid-19, el cansancio por más de tres semanas de confinamiento y el siempre engañoso entusiasmo que produce siquiera vislumbrar la luz al final del túnel, se debe exigir sin embargo mucha cautela para no reproducir en la sucesiva toma de decisiones la improvisación de que ha adolecido el proceder del ejecutivo que preside Sánchez ante y durante la fase creciente de la pandemia y que en algún caso ha entorpecido más que colaborado en los procedimientos que otras instituciones y organismos públicos habían ya emprendido. Y sería aconsejable, con el fin de evitarlo, relativizar el interés en proyectar el liderazgo de Pedro Sánchez que se ha podido adivinar en algún caso, también minimizar la pretensión de homogeneización y de otorgar protagonismo y presencia al Estado; así como arbitrar mecanismos de colaboración y contraste con la oposición, qué decir con aquellas formaciones que permitieron a Sánchez formar gobierno, y tanto o más con otras instituciones y gobiernos implicados en la lucha contra el coronavirus. Si hace solo unas fechas el Gobierno Sánchez pretendió paralizar toda la actividad "no esencial" y se vio obligado a rectificar hasta límites razonables en apenas unas horas, repetir esa irreflexión en sentido contrario, quizá en el error de contemplar el proceso de desconfinamiento también desde el punto de vista de la popularidad que podría ofrecer, conllevaría el peligro de retroceder y prolongar la crisis. La imprescindible restitución progresiva de los derechos y libertades que los ciudadanos han cedido responsablemente, pero de modo temporal, con el fin del bien común de la protección de la salud pública debe incluir idéntica responsabilidad institucional precisamente para no arriesgar que esa recuperación sea total y definitiva.
