EL dramático derrumbe en Zaldibar de la escombrera propiedad de la empresa Verter Recycling 2002 con la desaparición de dos trabajadores y la alarma social generada en la zona -a la que no ha sido ajeno el interesado impulso de determinada corriente de opinión desde algunos medios y redes sociales- ha derivado en un cuestionamiento político-electoral de la actividad de control por la administración que ha alcanzado formas de sabotaje que la sociedad vasca creía desterradas. Los ataques, con basura y pintadas, a los batzokis de Algorta, Sopela, Ugao, Galdakao, Zalla, Mungia, Elorrio, Basauri, Antiguo y Altza agrediendo al PNV no se originan en la indignación espontánea de grupos o individuos sino que, por su coordinación y coincidencia, así como por el método, conducían a una campaña orquestada en un burdo intento de cuestionar la gestión e imagen del Gobierno vasco, y más concretamente la del lehendakari Iñigo Urkullu, con el único fin de lograr réditos electorales en las próximas elecciones al Parlamento Vasco del 5 de abril. La iniciativa y convocatoria del ex dirigente de ETA Aitor Elizaran como artífice de estos ataques, redunda en la misma dirección. Decirlo ni pretende ni significa dejación en la obligatoria exigencia de responsabilidades ante un siniestro de las características y consecuencias del ocurrido el pasado jueves 6 en Zaldibar. Si correspondiesen a la administración, en cualquiera de sus niveles, por omisión o error en los controles efectuados previamente de las instalaciones de Verter Recycling, incluyendo el expediente sancionador abierto por el Gobierno vasco y paralizado por el recurso de la empresa ante la justicia, habría que depurarlas hasta sus últimas consecuencias. También si se hubieran producido fallos en el operativo posterior al accidente. Y se debe actuar con idéntico rigor si las responsabilidades en el origen del derrumbe son achacables a la gestión del vertedero por la empresa o si esta ha incumplido, de modo consciente o no, con las normas de seguridad que preservan el entorno de la instalación y a las personas que en él viven. Pero, siendo esto así, convertir la tragedia y el sobresalto ante lo desconocido que la misma genera en una herramienta de proselitismo electoral en el que vale cualquier método demuestra desentendimiento del drama y solo contribuye de modo miserable a la confusión indignada que lógicamente asola a las familias y amigos de las víctimas.