LA decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de trasladar a los juzgados ordinarios madrileños la petición de los abogados de los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) en prisión preventiva acusados de terrorismo para que se investigue la filtración de datos de la causa y de los autos de prisión, que se hallaban bajo secreto de sumario, confirma la presunción del delito de revelación de secretos, por otro lado innegable a la vista de los hechos. Su investigación, sin embargo, dependerá de si el juez de la causa, Manuel García Castellón, admite inhibirse en favor de los juzgados ordinarios, la mantiene dentro de la causa abierta en la AN en una pieza separada, como piden las defensas, o directamente la desecha. Y, en cualquiera de los casos, no evitará ya el condicionamiento de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia de los CDR que es todo menos descartable que buscaran esas filtraciones. Ahora bien, la decisión de la Fiscalía supone la admisión por su parte de la existencia del delito y, por tanto, de la de un autor del mismo, que se ciñe lógicamente a quienes tenían acceso al sumario que, al estar bajo secreto, solo era manejado por el propio juez García Castellón y la misma Fiscalía de la Audiencia Nacional ya que ni las defensas de los CDR conocían su contenido detallado. Existe, eso sí, otra posibilidad que, a la vista de anteriores autos judiciales relacionados con todo lo que rodea al procès -pero no solo- no se debe descartar: si el sumario se ha elaborado mediante la asunción acrítica, sin filtro, de los informes de investigación de la Guardia Civil, podrían haber sido estos y no el sumario en sí el origen de lo filtrado, lo que abriría las posibilidades de la autoría a los responsables de la operación policial y el Ministerio de Interior. Y llegados a este punto -en cualquier de las posibilidades un delito por funcionarios públicos que el art. 198 del Código Penal castiga con 2 a 4 años de cárcel y 6 a 12 de inhabilitación-, cabe preguntarse si el propio contenido, no siempre veraz precisamente, y sesgo de las filtraciones no señala en una dirección concreta por el interés político de las mismas en criminalizar como responsables de actitudes violentas a los detenidos y, a través de ellos, al soberanismo catalán empezando por sus más altos representantes institucionales.
