TRANSCURRIDOS trece días desde las elecciones del 26 de mayo, el horizonte de los pactos para la formación de gobierno allí donde son necesarios en los diferentes niveles de la administración pública para los que los ciudadanos eligieron a sus representantes no solo no se ha aclarado sino que parece haberse enturbiado por declaraciones, advertencias y hasta silencios. También y seguramente sobre todo por la supuesta y en todo caso excesiva incidencia en la formación de otro gobierno, el del Estado, que debe salir de un Congreso elegido por los ciudadanos el 28 de abril ¡hace 41 días! y que ni siquiera tiene aún en perspectiva la fecha para investir al único candidato a presidirlo; quien, por cierto, sigue sin haber logrado sumar, al menos hasta donde se conoce públicamente, apoyos a su mayoría exigua, insuficiente para el propósito que ha resultado de la protocolaria e inane ronda de los grupos parlamentarios con Felipe VI. En este periodo estanco prevacacional de la política que al parecer un Estado con los problemas estructurales del español se puede permitir -desde el 28-A hasta setiembre habrán pasado más de cuatro meses, un tercio de año, una doceava parte de la legislatura-, uno solo de todos esos gobiernos, el de la Comunidad Foral de Navarra, ha sido elevado a supuesta clave de bóveda del entramado político como si de su conformación de manera determinada dependiera la gobernabilidad del Estado a través de otros pactos sin embargo nonatos. Se trata de una evidente falta de respeto a los votantes navarros, quienes comprueban cómo la relación de mayorías que han elegido para su parlamento se puede hacer depender, una vez más, de una decisión política ajena a sus inquietudes en virtud de otros réditos particulares. No es otra cosa la pretensión de anteponer la ambición de gobernar o la de hacerlo con relativa superioridad numérica -es decir, el interés del partido o de quienes lo dirigen- en Madrid al cumplimiento del que debe ser el principal acuerdo a preservar por la política (también por sus pactos): el alcanzado por quienes la ejercen con los ciudadanos que les han elegido para su representación. Porque no es otra cosa que ese compromiso, explicitado una y otra vez durante la campaña electoral, el que algunas voces exigen romper a María Chivite y el PSN a cambio de una hasta dudosa comocidad en la investidura de Pedro Sánchez.