Editorial

Medidas reales contra la desigualdad

Las administraciones públicas vascas están tomando medidas contra cualquier tipo de discriminación por razón de género y, en concreto, para hacer frente a la insostenible brecha salarial

08.02.2020 | 20:08

LA lucha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos está calando -si bien no con la velocidad e intensidad necesarias y adecuadas- tanto en el espacio privado como en el público, poniendo de relieve la justicia de la reivindicación contra cualquier tipo de discriminación por razón de género. La extraordinaria repercusión de las últimas movilizaciones feministas -y la que se prevé también este próximo 8 de marzo- han hecho tomar conciencia de la urgente necesidad de cambios estructurales a todos los niveles con el objetivo prioritario de la igualdad. En este sentido, es fundamental la puesta en marcha por parte de las administraciones de políticas públicas y medidas efectivas para hacer frente a cualquier tipo de desigualdad. Desde esta perspectiva, y de cara al 8-M, diversas instituciones están haciendo balance y avanzando medidas en pro de la igualdad. Así, la Diputación de Bizkaia realiza desde hace seis años informes de impacto de género en todas sus iniciativas y normas y prevé la incorporación de cuatro técnicos que trabajarán para incluir esta perspectiva en todos sus trámites normativos. De igual modo, el Gobierno vasco aprobó ayer una instrucción que incorpora diversas cláusulas y medidas concretas contra la denominada brecha salarial entre hombres y mujeres, de modo que se garantice en todo el sector público de la comunidad autónoma vasca una igualdad retributiva. Asimismo, aprobó diferentes disposiciones contra la discriminación y en favor de políticas que favorezcan la contratación de mujeres, también en puestos de responsabilidad, gerencia o cualificados. La importancia de estas medidas -que van en la misma línea de las aprobadas a finales de noviembre contra de la brecha salarial- viene determinada porque afectan a todos los contratos que adjudiquen las administraciones públicas, de modo que los pliegos de los contratos deberán establecer de manera preceptiva el deber de las empresas adjudicatarias de evitar la discriminación retributiva entre mujeres y hombres. Se trata de normativas imprescindibles, teniendo en cuenta que, aun hoy, la brecha salarial en Euskadi sigue siendo más que notable -el 24,4%-, así como la precarización y temporalidad del empleo femenino, y que deben extenderse sin dilación también al ámbito de la empresa privada.