Se veía venir. Ya desde que se supo que la amnistía para los protagonistas del procés iba a ser parte del trato para mantener a Pedro Sánchez en el poder, el sector más conservador de la magistratura –valga la redundancia– se declaró objetor. No hace falta demasiada intención especulativa para suponer a ese sector en la órbita del PP teniendo en cuenta que ese partido es el que controla por secuestro el Poder Judicial y selecciona los nombramientos.
Para ese selecto club de magistrados, faltaría más, el procés fue un imperdonable desafío a la sagrada unidad de la patria, pecado que debía ser castigado con el mayor rigor. El magistrado Pablo Llarena, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se habría sentido el Cid Campeador cuando se hizo cargo de la instrucción de la causa contra los responsables del intento de secesión y no se contuvo a la hora de calificar los delitos perpetrados por los convocantes del referéndum: rebelión, sedición, malversación… Luego sería el juez Manuel Marchena, por supuesto otro con pedigrí, quien remató la faena metiendo en la cárcel a los políticos que pretendieron romper España.
El tortuoso recorrido que ha padecido la ley de amnistía ha coincidido con la mayor ofensiva conocida en los últimos tiempos contra el Gobierno democráticamente constituido en España. El PP ha recurrido para ello a las malas artes de la mentira, el bulo, el insulto y la bronca permanente, centrando en la amnistía su más obsesivo pretexto. En esa refriega se alistaron otros jueces de segunda fila como García Castellón, que añadía el delito de terrorismo a Puigdemont para así evitar que fuera beneficiado por la amnistía, mientras otro magistrado de medio pelo, Juan Carlos Peinado, echaba una mano al PP citando como investigada a la esposa de Pedro Sánchez por supuesto delito de corrupción, y lo hacía con toda desfachatez a cinco días de las elecciones europeas...
No bajaron la guardia los jueces conservadores y nada más aparecer en el BOE la recién aprobada ley de amnistía han vuelto a rebullir togas y puñetas para dificultar su aplicación. Comprobando que la figura de Carles Puigdemont ha sido convertida en una especie de demonio meridiano y sujeto central de la amnistía, reaparece el juez Llarena en todo su esplendor advirtiéndole de que sigue en pie su orden de detención en el caso de que se le ocurriera volver de su exilio, que abandone toda esperanza de pisar suelo español, por supuesto, libre de esposas y furgón judicial. Con el mismo entusiasmo de insumisión andan los fiscales que se ocuparon de acusar a los dirigentes del procés, plantándose ante su fiscal general en flagrante desacato, advirtiendo que Puigdemont no puede ser amnistiado porque malversó fondos de la UE en beneficio propio.
Y así, entre disparates y elucubraciones jurídicas andan jueces y fiscales en rencorosa biribilketa echándole una mano al PP con sus togas, medallones y puntillas. Piden que se les aclare cómo deben aplicar la odiosa ley de amnistía. No lo saben, tienen dudas… Pues apliquen la máxima habitual in dubio pro reo, en caso de duda, a favor del reo. Pero no lo van a hacer.
