CASI no merece la pena ni indignarse. Más bien, procede ahorrarse el berrinche y tomarse a beneficio de inventario la penúltima -vendrán mil más- pasada de frenada del PP con las transferencias eternamente pendientes. Es verdad que al Gobierno vasco le tocaba, como ha hecho ayer mismo, poner el grito en el cielo por la ruindad sin límites que supuso haber promovido una moción en el Senado exigiendo al gobierno de Sánchez que incumpla la legalidad, es decir, que bloquee el calendario previsto para el traspaso de lo muchísimo que todavía queda por llegar. Sin embargo, el pronunciamiento, que ha resultado firme y tiene el valor de venir avalado por los dos socios del Ejecutivo, llega cuando ese capitulo de iniquidad ya ha sido desbordado.

Ahora estamos donde no hubiéramos imaginado ni en lo más crudo de los años del plomo. De hecho, hemos vuelto al lenguaje del epílogo del último parte de la guerra civil, cuando los vencedores eliminaron el sistema foral de las “provincias traidoras”, Bizkaia y Gipuzkoa. El pizpireto líder de las falanges genovesas, Pablo Casado, ha actualizado la terminología, pero los resabios son los mismos. “Comunidades desleales” es la nueva acuñación del individuo, que no tiene empacho en proclamar que cuando gobierne retirará las competencias que sea menester a los terruños que no observen la debida adhesión inquebrantable al régimen que pretende (re)instaurar con la ayuda del figurín figurón naranja y del cid campeador de Amurrio. Y el PP vasco, silbando a la vía. El 25 de octubre tendrán los santos bemoles de soltar que el Estatuto sobre el que se ciscan es el que une a los vascos.