El lehendakari Imanol Pradales solicitó en 2025 la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento Vasco con la participación de PNV, PSE, EH Bildu, PP y el Grupo Mixto (Vox). Lo hizo para mejorar la calidad democracia desde cuatro ejes: refuerzo de los valores democráticos en la gestión de las políticas públicas; profundización en la solidez democrática de la opinión pública y de la cultura política; mejora de la relación entre las instituciones y la ciudadanía; y fortalecimiento de los sistemas de evaluación de las políticas públicas. Dicho así, puede parecer un canto al sol imposible de materializarse en algo concreto de fundamento. Lo cierto es que el camino comienza a ser reconocible.

El objetivo del lehendakari es culminarlo con un marco legal que evite la desafección de la ciudadanía; y relacionado con ello, evitar que se cuestione el sistema democrático en pleno auge de los movimientos extremistas. A partir del objetivo de la ponencia parlamentaria –la mejora de la calidad democrática de Euskadi–, los partidos van a escuchar y valorar propuestas normativas de cara a una mayor y mejor participación de la ciudadanía (sociedad civil, etc.), a combatir la desinformación y mejorar la transparencia institucional mediante una ley específica.

Esta iniciativa de Pradales tiene su antecedente en el pacto ético que él mismo propuso el año pasado para un ejercicio ejemplar de la política a partir de un decálogo abierto a aportaciones; pero se encontró con algunas resistencias, sobre todo del Partido Popular por su estrategia de confrontación beligerante en las instituciones. En esta ocasión, el marco impulsado tiene objetivos mucho más amplios.

Pradales está convencido de que los valores fundacionales de la Unión Europa están en juego: paz, libertad, igualdad, justicia social. Su convicción pasa por la necesidad de dar un paso al frente “desde nuestra responsabilidad” abriendo el debate público entre todos con esta ponencia sobre la calidad democrática para un marco legal mejorado que frene el creciente totalitarismo y la desinformación, sin descuidar la memoria crítica y el fortalecimiento de la sociedad civil, todo ello desde un debate público de calidad.

Es importante recordar que existen iniciativas similares en la Unión Europea con las que el Gobierno Vasco está alineado pensando en potenciar la suya: el European Democracy Action Plan y el European Democracy Shield buscan lo mismo que Pradales: fomentar un entorno democrático justo y seguro. El plan en marcha escuchará a 30 expertos en diez sesiones, investigará sobre los valores democráticos, estando previstas dos jornadas de puertas abiertas en el Parlamento para acercar los trabajos a la ciudadanía. Se cuenta con la participación de la EHU-UPV y con experiencias que funcionan en países del entorno. La aprobación del informe final de la ponencia está prevista para febrero de 2027.

Algunos pueden pensar que el protagonismo de la sociedad civil debiera ser mayor desde el temor al protagonismo excesivo de los partidos políticos. Que la iniciativa sea política garantiza que nos represente a todos, si entendemos la “soberanía popular” como la representación elegida democráticamente. Es desde aquí que dicha ponencia asegura amplias posibilidades apuntando a la sociedad toda, no solo al trabajo específicamente político. Otra realidad diferente es la pasividad endémica de parte de la sociedad en este tipo de iniciativas, o las ganas de unos pocos de subvertir las bases de la democracia parlamentaria.

Un esfuerzo notable

En definitiva, el esfuerzo es notable y el camino parece abierto a la participación de todos con líneas claras para el grupo de trabajo que ya está en marcha. Su coordinador, Xabier Barandiaran (PNV), ha recordado que la democracia está en crisis, pero tiene sus puntos fuertes, gracias a la responsabilidad y el capital social. “A la democracia no la sostienen solamente las normas, le sostienen también comunidades fuertes”, ha señalado.

No tengo dudas sobre el buen fin de esta ponencia y de las conclusiones con todas las aportaciones previstas, a pesar de que las líneas éticas están tan castigadas y la política tan maltratada, y que los enemigos de esta iniciativa del lehendakari parten con cierta ventaja. Quizá el problema acabe siendo el seguimiento, quiero decir, la capacidad real de actuar en la práctica cuando algún actor público se desvíe del fin y las conclusiones que se acuerden. Me alegraría equivocarme en este punto, porque si algo resulta absolutamente urgente y necesario, es el refuerzo de la democracia con hechos y normas eficaces para preservarla.

Ojalá surja pronto una iniciativa similar en las instituciones de Navarra.

Analista