LA versión política actual de la expresión “parto de los montes” es el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE). Comenzó el año pasado con el correspondiente referendo británico y se alargará dos años más antes de desembocar en 2019 en un no sabe nadie qué.
Y es que la escasa mayoría de británicos que votaron por la separación en el referendo sabían lo que no querían, pero no sabían lo que querían. Dicho de otra manera: el año pasado una magra mayoría de ingleses dio rienda suelta a sus sentimientos aislacionistas y xenófobos. En las consecuencias de esta voluntad no pensó nadie, el Gobierno londinense de aquél entonces, menos que nadie porque no creía ni por asomo en una victoria del nacionalismo visceral. Y estas consecuencia son -serán- un empeoramiento de la situación económica tanto para el Reino Unido como para la UE, aunque a la corta lo vayan a notar más los británicos que los continentales.
Eso de que el impacto será mayor en aquellos no es fruto del despecho europeísta sino una realidad objetiva: mientras el 12% de las exportaciones británicas va actualmente a la UE, solamente el 4% de las exportaciones comunitarias está destinado al Reino Unido.
Theresa May, la jefa del actual Gobierno británico, no fue nunca partidaria del Brexit, pero por convicción, disciplina democrática y necesidad de supervivencia política va a llevar a la práctica la voluntad popular. Y es muy probable que no solo lleve a cabo la salida en el plazo previsto (aunque esto no dependa exclusivamente de Londres), sino que lo haga a la manera más dura que es la que subraya al máximo la plenitud soberana del Reino Unido y su capacidad de discriminación de otros ciudadanos.
Porque para abandonar la UE existen dos opciones. Una, la llamada “blanda”, es mantener al Reino Unido en la unión aduanera de la UE, en el mercado interior comunitario, aportando por ello importantes contribuciones financieras al erario dela UE y acatando no pocas de las reglas que llevaron a la mayoría del referendo a pedir el Brexit. Esta situación no sería ninguna novedad ya que hay otros casos similares de los que el noruego es el más conocido.
La otra opción -la “dura”- llevaría a Londres y Bruselas a la firma de un acuerdo comercial que excluiría la aplicación en el Reino Unido de casi todas las normas comunitarias, desde la política fiscal hasta la libertad de movimiento y asentamiento de las personas. En la práctica, el redactado de semejante tratado y la ratificación del mismo por los Estados miembro de la UE es sumamente complejo y lento y es muy improbable que se pueda llevar a cabo en solo 2 años. Con lo que ese parto de los montes que es el Brexit requerirá seguramente un periodo transitorio que se alargue mucho más allá del 2019.
