La prima de dos velocidades

ln día sí y otro también la prima de riesgo abre los informativos en radio y televisión, ocupa las portadas de los periódicos y concentra la opinión de los analistas. Poco importa que aumente el paro, que baje el consumo o que no se concedan créditos a las empresas para estimular la economía y el consumo. Tampoco tiene mayor importancia los recortes sociales o el fuerte incremento en gastos financieros derivados de la deuda que impiden la inversión productiva. Ni tan siquiera se valora por qué las llamadas autoridades europeas son incapaces de frenar semejante espectáculo especulativo.

Así estamos y así seguiremos porque cada Gobierno defiende sus intereses partidistas y esto significa ampliar el abismo moral e intelectual que los separa en función del color ideológico de cada cual. Entre tanto, el poder económico, el mismo que derogó en EE.UU. la Ley Glass-Steagall (1933) que impedía, tras la depresión de 1929, la especulación financiera de los bancos y el mismo que provocó la crisis de las hipotecas basura, ha vuelto a imponer su ley de dos velocidades. Una que garantiza los beneficios para los ricos y otra que destruye empleo y reduce el bienestar social.

La prima es la prueba evidente de este desajuste iniciado cuando el sistema financiero recibió miles de millones de euros o dólares para evitar su quiebra. Y ahora, empobrecida la sociedad, la prima viene a decirnos que nadie puede saltar sus imposiciones sobre austeridad presupuestaria y recorte en los gastos sociales, salvo que quiera correr el riesgo de un aumento de la exigencia o perder la poltrona, como le ha ocurrido a Papandreu por anunciar un referéndum.

Dicho lo cual, creo que, en vez de hablar de la prima, mejor vemos quiénes son sus padres y que es lo qué hacen. Estamos hablando de bancos y fondos de inversión, que son los compradores de la deuda pública en el mercado primario, bien sea en EE.UU. o en Europa, con la diferencia de que en el país del dólar la intervención de la Reserva Federal impide una especulación abusiva, mientras que el BCE es incapaz de articular una política monetaria propia que responda a las necesidades del conjunto de los países que forman la Eurozona y permite que sea Merkel quien establezca las pautas operativas del banco central. En medio del caos organizativo, los padres de la prima exigen altos intereses para compensar el riesgo de la deuda soberana derivado de la falta de confianza en algunos países. Una desconfianza que ellos mismos se encargan de alimentar ante la pasividad del Banco Central Europeo y la falta de un acuerdo global en la Unión Europea.

Es más, dentro de cada país miembro de la Eurozona, los partidos políticos que optan al Gobierno son incapaces de ponerse de acuerdo, pese a que las circunstancias son de suma gravedad. Ocurre algo similar en EE.UU., tal y como nos indica un interesante artículo de Paul Krugman publicado ayer en el que señala que "los demócratas consideran que la protección social responde a un imperativo moral de proporcionar seguridad a los ciudadanos y ayuda a los necesitados. Los republicanos tienen una visión completamente distinta. Opinan que el Estado de bienestar es inmoral, una forma de obligar a los ciudadanos a punta de pistola a entregar su dinero a otras personas".

Elocuente y preocupante, porque es imposible que dos ideas tan distintas e irreconciliables puedan solucionar el mismo problema. De momento, en Europa también se impone la austeridad, el recorte en el gasto público y la negativa a las inversiones públicas que podrían actuar como incentivos para la economía. Se trata de gastar menos, pero no para invertir sino para tener dinero con el que pagar los altos intereses que marca la prima y garantizar los beneficios de bancos y fondos de inversión. Saben que no hay creación de empleo y reactivación del consumo sin crecimiento económico. Pero también saben que, para ello, es necesario abrir la fuente crediticia a las empresas y no están dispuestos a hacerlo en tanto sus arcas no estén llenas y a salvo de cualquier contratiempo.

En este contexto, un último apunte para terminar. Por un lado, constatar que mientras los partidos políticos no alcancen un acuerdo global (al margen de sus propios objetivos) para reactivar la economía, no habrá posibilidad alguna de romper este círculo vicioso, cuyo epicentro, lejos de la deuda soberana y su prima de riesgo, está en la destrucción de empleo y el empobrecimiento de la sociedad. La solución no pasa solo por gastar menos para pagar los intereses de la deuda, sino en invertir bien en sectores productivos que generen la riqueza suficiente para mantener los servicios sociales y la amortización de la deuda.

El nuevo Gobierno español debe buscar el entendimiento y el consenso con otras fuerzas políticas, pero sin caer en la tentación derechista y conservadora de imponer sus ideas.