Leo en el periódico, con espanto, horror y repugnancia, cómo la pleamar de acoso y derribo a pequeños propietarios de viviendas sigue in crescendo; son muchos los ayuntamientos guipuzcoanos que han sucumbido a la demagogia con una medida presentada como progresista cuando en realidad es regresiva. Constato los sueldos que perciben los alcaldes de dichos municipios y hago un supremo esfuerzo por contener la ira; la propiedad privada dimana de la libertad y es inherente a ella; la casta política, sumida en sus ensoñaciónes, ataca con una lacerante indiferencia y una abismal cortedad de miras al eslabón más débil de la cadena, sabiendo a ciencia cierta que chantajeando con un incremento desorbitado del IBI, no van a cortar el nudo gordiano de la vivienda. El acalorado debate que suscita la escasez de viviendas no puede utilizarse para atajos que menoscaben la libertad que los políticos, con voz estentórea, dicen defender. Gentes que trabajaron hasta la extenuación por adquirir una o más viviendas, otros que legítimamente las han heredado, todos ellos tratados como delincuentes; no son culpables de nada, no han cometido delito alguno, pero son presentados como cabezas de turco para tapar la inepcia de otros y eximirles de responsabilidades. Déspotas y chantajistas, lo saben pero no les importa.
