La legislación agraria, en general, es una máquina oruga, algo parecido a un tanque o excavadora, que comienza su andadura allá por Bruselas, lejos, muy lejos, con una velocidad inapreciable a la vista humana pero conviene no descuidarse, la maquina, aunque no lo parezca, sigue avanzando.
La maquinaria oruga de las instituciones europeas arranca con un Libro Verde donde se recogen opiniones y sugerencias de la ciudadanía sobre un determinado tema. Tras pasar por encima del libro verde, la maquinaria europea vuelve a la carga con un Libro Blanco que recoge un conjunto de propuestas de acción bien definidas con las que iniciar un proceso formal de consulta y lograr un consenso político para que las propuestas se conviertan en futuras leyes.
Tras el Libro Blanco, la maquinaria oruga, no se crean que ha frenado, avanza con la Directiva Marco, que es un tipo especial de directiva que establece principios, objetivos y conceptos fundamentales sobre una política o sector amplio, o, una Directiva al uso que establece un marco obligatorio a los Estados miembros en cuanto al resultado a cumplir pero que deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios, es decir, exige que se materialice su transposición a la legislación estatal o nacional. Una vez en los estados-naciones, la maquinaria oruga sigue irremediablemente avanzando, poco a poco, sin que nos demos cuenta y se “transpone”a modo de ley, decreto o lo que sea, que a su vez, conforma la legislación básica sobre el que, por mucho que nos fastidie a los nacionalistas, se diseña la normativa autonómica pertinente.
Así, aquella pesada y lentísima maquinaria oruga europea, en un par de años, la tenemos limpita y radiante frente a la explotación de cada uno de nosotros, sin que nos hayamos ido percatando del cúmulo de condiciones, obligaciones y requerimientos que en cada paso que he ido relatando, se van sumando, adhiriendo, como el flotador de grasa se nos pega a la cintura de los hombres, al documento inicial que partió de Bruselas.
Tanto es así que suele ser muy habitual que desde el sector se critique que las administraciones más cercanas no aportan nada original a la normativa europea, que se desentienden de sus obligaciones y que se limitan a pequeños e insignificantes cambios de redacción, además de cambiar el logo anterior por el suyo propio y en el peor de los casos, cuando se atreven a añadir algo de su cosecha propia, se vienen arriba y se ponen a añadir condiciones y obligaciones para hacer aún más restrictiva la norma para así, demostrar a la sociedad, mayoritariamente urbana, que ellos sí que son capaces de meter en cintura a los productores, a esos brutos y rústicos que viven en el medio rural y que se dedican a algo tan básico y elemental como producir alimentos. Lo que se dice vulgarmente, se convierten en más papistas que el Papa.
Pues bien, dicho todo lo anterior, tengo que reconocer que me ha sorprendido, gratamente, la Diputación Foral de Gipuzkoa, más concretamente el departamento de Equilibrio Territorial Verde, los gipuzkoanos somos enrevesados hasta para poner nombres al departamento de agricultura, al aprobar una novedosa línea de ayudas destinadas a compensar los servicios ecosistémicos prestados por las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales al conjunto de la ciudadanía del territorio histórico de Gipuzkoa.
Estas ayudas que tienen como objeto, copio literalmente del Boletín Oficial, “compensar la función ecosistémica desarrollada por los servicios ecosistémicos prestados prestados por las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, dado que son generadoras de recursos forestales, materias primas y alimentos de calidad, además de contribuir directamente a la regulación climática, el control de la erosión, la conservación del suelo, la biodiversidad, la polinización, el mantenimiento del paisaje rural y la conservación del patrimonio natural y cultural asociado al medio agrario”. Punto pelota.
En resumen, y en lenguaje coloquial, la diputación foral de Gipuzkoa, hace un reconocimiento, a modo de ayudas, a la labor que hacen los productores (agroganaderos y forestales) por esas otras externalidades con las que benefician al conjunto de la sociedad cada vez que gestionan las praderas y montes con su ganado, cuando cuidan sus huertas, viñas y frutales, o cuando gestionan los bosques, externalidades que, por cierto, el mercado no retribuye y que ahora, a través de esta innovadora línea de ayudas, en parte al menos, se apoya.
La diputación no ayudará ni a a aquellas explotaciones que volcados en la producción se olvidan de las externalidades antes mencionadas pero tampoco ayudará a aquellos propietarios de tierras que habiendo abandonado la actividad productiva sólo se dedican al mero mantenimiento de sus tierras y bosques. Se premia, o apoya, al que combina ambas facetas, la productiva con las externalidades.
Por otra parte, tengo que reconocer que las cantidades resultantes para los beneficiarios no son nada boyantes, nada como para echar cohetes o invitar a la familia al Caribe, pero creo que es algo digno de reconocer que se haya abierto una nueva vía de apoyos a las explotaciones sostenibles que además de alimentos aportan a una Gipuzkoa urbana e industrial esas externalidades positivas.
Como decía, cuando estamos más que habituados a que las administraciones se limiten a transponer lo que han hecho en administraciones superiores, que se conformen con copiarse las unas a las otras, corta-pega a tutiplé, creo que se merecía un reconocimiento por parte de este juntaletras la mera aprobación de estas ayudas, por el reconocimiento oficial que supone para una gran parte del sector, unas líneas que son fruto del empeño, insistencialismo, rayando la terquedad, de un equipo foral dirigido por un diputado, Xabier Arruti, un hombre de la Gipuzkoa profunda y que hace un par de años comenzó, como aquella maquina oruga europea que he narrado al inicio de esta filípica, predicando con esto de los servicios ecosistémicos ante la cara de escepticismo de la gente del sector, que supo lograr el respaldo de un foro ciudadano conformado con gente ajena al sector primario, que además, valiéndose de la ayuda del profesor de la Universidad de Deusto, Jon Mikel Zabala, dotó a la idea inicial del empaque teórico que requieren estas cosas y que, porque no reconocerlo, que fue capaz de lograr el apoyo para la causa de dos mujeres muy importantes en la administración foral, la diputada general y la de Hacienda, para, definitivamente, abrir la puerta (y la caja) a una norma nueva, novedosa, innovadora, justa y además, con copyright gipuzkoano.
Miembro del sindicato ENBA
