Jóvenes y migrantes, los más castigados por la precariedad laboral

Las celebraciones del 1 de mayo de este año están marcadas por una serie de importantes desafíos. El empleo de calidad, el salario y pensiones dignas, la inserción sociolaboral de las personas migrantes, el control del trabajo en los cuidados en régimen interno, el acceso a la vivienda a las personas trabajadoras jóvenes y a las familias migrantes y muchos otros retos

El poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de las personas trabajadoras del País Vasco son cada vez más reducidos, hecho que afecta significativamente a su calidad de vida y a su sentimiento de autorrealización.

En el caso de los jóvenes, los que perciben un salario mensual de unos 1.500 euros netos, no pueden mantenerse, sobre todo si viven solos. El alquiler de un piso en las capitales vascas ronda los 1.000 euros o más, a lo que hay que añadir el pago de los gastos corrientes. Las facturas mensuales de muchos hogares de trabajadores no cuadran, sobre todo en el caso de los jóvenes, lo que les obliga a compartir piso durante más tiempo del que desearían, e incluso algunos de ellos tienen que prolongar su estancia en casa de sus padres.

En el País Vasco, un gran número de trabajadores siguen estando desfavorecidos. Los empleos de calidad y bien remunerados son patrimonio y suerte de muy pocos, especialmente en el sector privado. Esta situación está llevando a muchas personas a ver en el sector público la única salida para conseguir un empleo de calidad, digno y seguro. Esto reduce el espíritu empresarial, la creación de empleo y la creación de riqueza. Por ello, algunos sindicatos, asociaciones y movimientos en defensa de las clases trabajadoras están poniendo en sus agendas la necesidad de revisar el salario mínimo en la CAV, para garantizar una cierta dignidad a cualquier trabajador local.

El poder de compra de algunas personas jubiladas también se está viendo mermado por el hecho de que muchos trabajadores, ahora jubilados, hicieron un esfuerzo adicional a lo largo de su vida laboral para adquirir propiedades con la intención de obtener ingresos extra durante sus años de jubilación. Hoy, algunos de ellos no pueden disponer de estos ingresos extra porque han alquilado la vivienda, en muchos casos a familias consideradas vulnerables, que no pueden ser desahuciadas aunque no paguen el alquiler, por lo que estos trabajadores jubilados, en lugar de disponer de estos ingresos, acaban teniendo deudas y, por tanto, perdiendo ingresos. Esta situación es realmente controvertida, ya que el Estado con la buena política de protección a las familias, está perjudicando a los pensionistas, a los propietarios de las viviendas y generando desconfianza a quiénes podrían alquilar a familias en muchos casos a familias migrantes y a jóvenes.

Asimismo, si a la situación general de precariedad laboral y dificultad de acceso a la vivienda, añadimos los factores interseccionales de ser migrante, mujer, racializada, sin estudios, sin redes de apoyo, perteneciente al colectivo LGTB Q+, familias monoparentales, con problemas de salud, persona con discapacidad... el panorama es aún más desolador. Actualmente, es muy difícil para las personas migrantes conseguir un empleo, las barreras raciales, las cargas personales, las trabas administrativas para las homologaciones y las injustas leyes de inmigración impiden la normal inserción social y laboral de este colectivo en nuestra sociedad. Muchos trabajadores migrantes sufren explotación laboral y son silenciados a través del miedo, la manipulación y el racismo. Todas estas situaciones se agravan cuando el migrante también forma parte del colectivo LGTBQ+, en estos casos todo es aún más complicado.

Otra de las preocupaciones de este primero de mayo es la del trabajo interno, un trabajo en el sector de los cuidados que tiene rostro de mujer, y de mujer migrante. Es un trabajo necesario, pero duro y de naturaleza colonial. Es incomprensible que hoy, en pleno siglo XXI, se permita trabajar 24 horas al día y en muchos casos en condiciones infrahumanas. También es necesario destacar la situación de las temporeras, que además de sufrir explotación laboral, sufren abusos sexuales y muchas de ellas son víctimas de trata.

Por lo tanto, es esencial tener en cuenta la situación actual del empleo en el País Vasco, especialmente el empleo juvenil y el empleo de los inmigrantes. Las políticas de vivienda deben ser proactivas y no paliativas. De nada sirve cobrar un sueldo alto cuando más de la mitad se gasta en alquiler. Las personas migrantes, que tanto aportan a esta sociedad, tienen derecho a leyes dignas y a acceder a empleos acordes con las competencias que han adquirido aquí y las que traen de sus países de origen. Los pensionistas tienen derecho a disfrutar del fruto de su trabajo a lo largo de los años, con dignidad y justicia.

Los jóvenes y los inmigrantes son los mejores aliados del reto demográfico en la CAV, hay que cuidarlos. Gora langileon borroka! Trabajadora social, doctorada en Administración y Política Pública por la UPV/EHU y activista por los Derechos Humanos