La resistencia que está mostrando el empleo en medio de la oleada de desaceleración que vive Europa por distintos factores económicos y geopolíticos hace que las estadísticas mensuales de ocupación se esperen con cierta expectación. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en julio, agosto y septiembre se crearon 209.100 puestos de trabajo que elevaron el total de trabajadores a 21.265.900. Sin embargo, el paro, en esos meses de verano, subió en 92.700 personas, un 3,3% más que en el trimestre anterior. También en el mes de octubre el paro aumentó en otras 36.936 personas, ascendiendo el número de desempleados a un total de 2.759.404, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con todo, el fuerte ritmo de creación de empleo que viene registrando España en 2023 ha propiciado que la Seguridad Social haya ganado 500.094 afiliados en los diez primeros meses del año, con lo que en este periodo se ha generado más empleo que en todo el año 2022.

Este contrasentido entre parados y ocupados se debe al crecimiento de la población activa (las personas en disposición de trabajar). Para entender cómo puede aumentar el paro y, a la vez, el número de ocupados, hay que aclarar los conceptos que maneja la EPA. La tasa de desempleo representa el total de desempleados sobre la población activa, que es toda la población entre 16 y 64 años (en edad de trabajar). Cuando la población activa (ocupados más parados) crece más que los ocupados, la diferencia entre ambas se traduce en parados al no haberse creado empleos suficientes para todos los nuevos potenciales trabajadores. La creación de empleo es un dato positivo. De esos más de 209.000 nuevos trabajadores, 146.600 eran extranjeros. La tasa de empleo queda en el 53,38 % y la tasa de paro en el 11,84%.

El 1 de octubre, el Estado español alcanzó un récord de población de 48,44 millones de habitantes tras crecer durante el tercer trimestre de 2023 en 118.667 personas. Entre octubre de 2023 y octubre de 2022 la población de España se incrementó en 525.075 personas. Ese máximo histórico se debe casi en su totalidad a las personas nacidas en el extranjero. El desglose de la cifra total arroja 42 millones de españoles, mientras que, si se mira a los nacidos en España, suman 39,8 millones. España cuenta con 8,5 millones de personas nacidas en el extranjero, pero los nacidos en el extranjero superan a los extranjeros (6,3 millones), lo cual se explica por los procesos de adquisición de nacionalidad española, según explican desde Estadística. En octubre de 2022 entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, que otorga también el derecho a la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas o ideológicas. La parte negativa del dato de población es el envejecimiento de la misma. Basta con bucear por los datos del INE para comprobar, por ejemplo, que España cuenta con más población de 80 años (328.883) que recién nacidos (322.702).

Esta tendencia de baja natalidad que se arrastra en lo que va de milenio, junto con una esperanza de vida de las más elevadas de la Unión Europea, complica la sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro al desestabilizar la ratio afiliados-pensionistas. Tampoco debemos olvidar que la relación media en España entre trabajadores ocupados y pensionistas se sitúa en 2,1 personas. España cerró 2022 con 2,39 afiliados por cada pensionista. Sin embargo, esta cifra de cotizantes y beneficiarios de una pensión no está asegurada en el medio y largo plazo, ya que el 33,4% de la población activa tiene entre 50 y 64 años, o lo que es lo mismo, en los próximos 15 años se jubilarán alrededor de 7,5 millones de trabajadores, que pasarán a ser pensionistas.

Según las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el número de pensionistas en España se acercará a los 16 millones de personas en 2050, mientras la población en edad de trabajar podría llegar a los 30 millones, escenario que empeora si se tienen en cuenta las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) o del Eurostat, que estiman unos 28 millones de eventuales trabajadores en 2050. De esta manera, en 2050 habría menos de dos trabajadores cotizantes por cada pensionista (1,87 con cálculos según la AIReF y 1,75 según el INE y Eurostat). El número de pensionistas será cada vez mayor, cobrarán su pensión durante más tiempo y, previsiblemente, no habrá una masa de trabajadores suficientes como para mantener la ratio entre cotizantes y pensionistas en las cifras actuales.

La AIReF sostiene que, en un escenario hipotético sin medidas de política económica ni reglas fiscales, el gasto destinado a las pensiones empezaría a acelerarse especialmente a partir de 2035 y se elevaría hasta el 16,3% del PIB para 2049. Estos cálculos se asientan en un escenario base en el que la población española alcanzaría los 50,3 millones de habitantes en 2050 y 52,1 millones en 2070 gracias al impulso de la migración, y en el que la economía crecería una media del 1,3 % anual sin reglas fiscales. El aumento de población se debería, por tanto, exclusivamente, a la migración internacional. Esto produciría que la población nacida en España disminuiría paulatinamente y pasaría de significar el 84,5% del total actualmente, al 63,5% dentro de 50 años.

Las previsiones de que se reduzca la población española en las próximas décadas, al tiempo que se incrementa su edad promedio, hacen que se hable de la dinámica demográfica como un reto de primer orden cuyos efectos se sentirán en los patrones de consumo y de ahorro, en la evolución de la fuerza laboral y en la eficacia del sistema de bienestar social al implicar un incremento significativo del gasto público en pensiones, sanidad y servicios sociales. Al problema del envejecimiento se suma además el de la distribución geográfica, de manera que las zonas más envejecidas coinciden además con las más despobladas.

Economista