Colaboración

¿Nuevo contrato sociedad-empresa poscovid-19?

29.11.2020 | 01:14

EN un esfuerzo sin precedentes para apoyar la supervivencia de las empresas y el empleo, las administraciones públicas de todo el mundo, con independencia de la ideología de sus gobernantes, están dedicando recursos antes nunca vistos para apoyar al sector privado de la economía.

Así, según los datos recogidos por el economista jefe de Unicredit, Erik Nielsen, ya antes del verano Alemania había aprobado en ayudas el equivalente al 6% del PIB de 2019 a lo que habría que añadir el equivalente a otro 25% del PIB en garantías. Francia había ampliado su presupuesto por una cuantía equivalente al 4,5% del PIB y Estados Unidos llevaba aprobadas ayudas que rondaban el 10% del PIB, por mencionar solo algunos ejemplos.

Si el cambio del paradigma económico al que asistimos acaba propiciando un giro radical es algo que a estas alturas arroja todavía demasiados interrogantes. Pero los expertos auguran que ese renovado protagonismo del Estado en la economía no es algo pasajero. "Con indicadores que anticipan la mayor recesión global de los últimos 150 años, esperamos que los gobiernos y los bancos centrales tengan que seguir jugando un papel fundamental a corto y medio plazo", apunta Saadia Zahidi, directora gerente del FMI.

Este apoyo, juzgado por todos como imprescindible y no criticado por nadie, plantea, sin embargo, el debate sobre qué papel va a tener en el futuro el sector público en la economía como consecuencia de las extraordinarias medidas tomadas.

El filósofo esloveno Slavoj Zizek apunta a un nuevo "comunismo reinventado", con una gran intervención del sector público en las decisiones económicas y su regulación, pronóstico que es temido por varios analistas económicos citados por The Economist.

Para dichos analistas, es objeto de preocupación el hecho de que un número significativo de empresas no vayan a poder devolver los créditos avalados por instituciones públicas, como el ICO, y ello pueda conducir a fórmulas por las que el Estado capitalice las deudas y entre en el capital de dichas empresas con una participación relevante y, en ocasiones, incluso mayoritaria.

La Fundación independiente Social Market Foundation, uno de los "top 12 think tank" ingleses, apunta, sin embargo, a un nuevo contrato empresa-sociedad, en el que, sin modificar las reglas de juego de la economía de mercado ni las bases de la propiedad y la gestión privadas de las empresas, lleve a unas nuevas normas de conducta y a unas nuevas obligaciones respecto a la sociedad que con sus recursos ha contribuido de forma decisiva a su supervivencia.

Se trataría de una oportunidad para, a la vez que se justifica el necesario pero extraordinario apoyo aportado, se reconcilie el mundo empresarial con la sociedad en su conjunto, buscando una colaboración imprescindible, tanto para la creación de riqueza y empleo como para estimular el desarrollo de las capacidades humanas que, en buena parte, puede y debe tener lugar en el trabajo profesional.

Serviría, además, para prevenir y corregir errores del pasado reciente, en el que las astronómicas cantidades dedicadas al rescate de entidades financieras (sobre todo en USA) daban paso tan sólo unos pocos años después a conductas inmorales de sus dirigentes con retribuciones exageradas e inmerecidas, cobradas en ocasiones gracias a los fondos públicos antes aportados.

La citada Fundación inglesa subraya que se trata de una propuesta "pro-business" entendiendo que es de vital interés para los negocios legitimar su papel y justificar con acciones explícitas una reciprocidad ante el notable apoyo económico recibido durante la crisis.

Apunta que, de lo contrario, la alternativa podría ser un mayor dirigismo y un mayor control de los poderes públicos de los negocios, lo que pudiera resultar asfixiante y contraproducente desde el punto de vista de la eficiencia y desarrollo de las empresas.

Como alternativa, sugiere acordar entre la comunidad empresarial y los poderes públicos una serie de variables e indicadores que una autoridad independiente se encargaría de supervisar y de hacer públicos los resultados de las diferentes empresas adheridas al "contrato".

Como variables concretas sugiere información detallada de los impuestos efectivamente pagados por la empresa, datos sobre la retribución de sus directivos y cuadros, la forma en que trata a sus trabajadores y posibilita una relación justa que permita la participación y el desarrollo de las potencialidades humanas de los mismos€

Subraya la importancia de que dicho "contrato" se use de forma positiva, para dar relevancia pública a las empresas que destacan favorablemente.

Sugiere, en cualquier caso, la conveniencia de que la aportación de fondos públicos (que, en definitiva, se nutren de los impuestos de todos) a las empresas con motivo de la crisis del covid-19, cuya necesidad económica y social está fuera de toda duda, vaya acompañada de un cierto debate social a fin de compartir las contrapartidas estructurales que deben acompañarla.

A fin de que las decisiones que se tengan que tomar se realicen en un marco claro y deseablemente acordado por los representantes políticos y los agentes sociales.

El planteamiento resultaría ser un enriquecimiento del Modelo inclusivo participativo de empresa aprobado hace ahora dos años en el Parlamento Vasco, ya que comparte el valor de "preocupación por la comunidad" y concreta y amplía algunas de las recomendaciones allí recogidas. Y quizás sea también digno de ser tenido en cuenta cuando las circunstancias permitan una reflexión serena sobre un futuro socio-económico poscovid-19 aún por diseñar. * Presidente de la Fundación Arizmendiarreta

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