sON muchas, no son banales y están relacionadas con el clima de represión propiciado por anteriores gobiernos. Estos días pasados, unos acusados de rodear el Congreso para los que el fiscal pedía tres años de cárcel por diferentes delitos relacionados con agresión y resistencia a la autoridad, fueron "absueltos" cuando el fiscal retiró la acusación; y lo hizo a la vista de las flagrantes falsedades de los informes y declaraciones policiales. Las defensas pidieron que se dedujera testimonio de aquel atropello para emprender acciones judiciales contra los uniformados por falso testimonio, pero el juez, para en la práctica proteger a los policías, calló. Hay recursos pendientes de resolución, pero probablemente darán en nada. De no ser preeminente la palabra de un uniformado, esto no hubiera sucedido. Y los casos abundan y no todos terminan de manera favorable para los acusados.
Todo lo anterior y mucho más no es sino una consecuencia de la batería de leyes y reformas del Código Penal que perpetró el Partido Popular en contra de las libertades ciudadanas y a favor de un estado autoritario y policial diseñado por Fdez. y Cía. y negado por sus beneficiarios directos e indirectos. Ese clima hizo posible que, por ejemplo, floreciera una mafia policial que se infiltró en instituciones del Estado y en el mundo financiero español, creando poco menos que un Estado dentro del Estado.
Y algo peor que facilitó que, en casos como el de Altsasu, se montaran procesos y acusaciones, y dictaran sentencias que apestan a ejemplaridad vengativa y fundacional de ese estado policial: todo es terrorismo? pero a capricho de algunos jueces cuya connivencia policial es clara. Terrorismo y enaltecimiento de este, por no hablar de la sedición, la rebelión y concordantes que habían empezado a funcionar con una alarmante eficacia y aplauso del populacho mediático.
Diferentes organismos internacionales han requerido en unos casos y condenado en otros, a España por cuestiones como la inadecuada identificación de fuerzas antidisturbios que provocan la indefensión de los ciudadanos, o la no investigación de casos de torturas.
No son cuestiones banales y tampoco son exclusivas del Estado español, sino que pertenecen a un clima autoritario que se expande y generaliza, en Europa y fuera de ella. La excusa es la seguridad y hasta la pacificación, pero el resultado es el encono, el sometimiento y los derechos dañados en beneficio de los gobiernos.
Terrorismo, odio, mucho, denuncias, querellas? y jueces. La justicia como aliviadero social o como chirrión. Denunciar, esa pasión, que se basa en un lamentable estado de vigilancia mutua y encono. En las calles y en las redes sociales, que son la nueva plaza pública donde se dirimen los plantes y alborotos de guapetones y camorristas, a los que no son ajenos cargos públicos o uniformados, lo que ya es el colmo. No te pases con un tuit o unas líneas insultantes en Facebook porque vas al juzgao? Pero ese ir al juzgado es más para unos que para otros. Hasta ahora, la gente de orden tiene bula y es de temer que cuando se habla de controlar las redes sociales se piense más en los raperos y los tuiteros reputados salvajes que en esos otros habituales del tiroteo que parecen estar protegidos por las mismas leyes que a otros condenan.
¿Puede hacer algo el actual gobierno en este sentido? Sin duda alguna, por muy de lejos que venga esta borrasca y precisamente por ello. Para empezar, ya está tardando en plantear la derogación de la ley Mordaza y la revisión del Código Penal en todas aquellas cuestiones introducidas por el PP que recorten libertades públicas. Detener la judicialización de la vida pública lo veo más difícil, en la medida en que no es algo exclusivo de la clase política, sino que se ha convertido en un juego social popularizado por las sentinas mediáticas y los adictivos espectáculos guarreras que ofrecen las cadenas de televisión: si no se hacen méritos para ir al juzgado, no hay audiencia.
* Escritor
