nO diré que entiendo mal la sentencia del Tribunal Europeo, pero casi. Digamos que los líderes independentistas son eurodiputados y gozan de inmunidad desde el mismo momento en que fueron elegidos, sin que fueran necesarias las trapacerías o palos en las ruedas que les pusieron los jueces españoles para que no pudieran gozar de esa condición otorgada por los votos de más de un millón de ciudadanos. Esta es una visión de las cosas, hay otras, claro, pero el asunto no es ese, sino "¿Y ahora qué?".
Esto no es una pelea de gallos, aunque lo parezca, de gallos rojigualdos contra gallos de plumaje ramillete; pero que en un reñidero vivimos eso lo tengo claro. Es evidente que la sentencia, hecha varapalo, ha sido muy festejada en esa condición por todos los que ven en el tribunal presidido por Marchena y sus amigos a sus enemigos políticos, los representantes del país detestable y otros amenes.
Y no menos evidente es que esa sentencia ha enardecido los sentimientos españoles y muy españoles de los profesionales rojigualdos, haciendo sonar, en distintos tonos, clarines patrióticos: "¡España está sufriendo un gravísimo ataque a su soberanía y por lo tanto, a su Constitución!", berrea el conocido empresario del sector Abascal. Se refiere sin duda a que la Justicia alemana negó en su día la extradición de Puigdemont porque no existía rebelión, a que la belga desestimó la euroorden en tres ocasiones y la británica rechazó por falta de elemental información la acusación que pende sobre Ponsatí.
Es dudoso que esa sentencia, como proclaman las huestes del españolismo rampante, dé alas al golpismo catalán. No se trata de eso, sino de que este asunto de la sedición golpista catalana viene torcido desde el momento mismo en el que los líderes independistas fueron procesados y acusados de unos delitos que muchos juristas consideran impropios, en busca de unas penas ejemplares, excesivas y preestablecidas, porque desde el comienzo se trató de un juicio político e ideológico.
Martín Pallín, juez emérito del Tribunal Supremo, dice que recomienda "leer a nuestros jurídicos y políticos los dos últimos párrafos de la sentencia europea que pide la inmunidad e inmediata libertad de Oriol Junqueras". Ni caso, es un rojo y un cómplice del separatismo secesionista. Lo mismo cabe decir de Javier Pérez-Royo que va más lejos y sostiene que a Oriol Junqueras se le impidió de manera fraudulenta la toma de posesión como parlamentario, y además de pedir la libertad del político, apunta a la nulidad de la sentencia que le condena.
La sentencia recaída contra Torra por su negativa a retirar los lazos amarillos es "una resolución que está fuera de la legalidad. Han aplicado un artículo en el que se condena a una persona por desobedecer resoluciones judiciales y órdenes de un superior jerárquico; y ni la JEC es un órgano judicial que puede dictar resoluciones judiciales, ni es el superior jerárquico del presidente de una autonomía", ha apuntado.
Sea lo uno o lo otro, no queda claro que la inmunidad parlamentaria de la que ya gozan los líderes refugiados en Bélgica, signifique poner en la calle a Junqueras o permitir que los refugiados regresen a Catalunya sin verse detenidos, encarcelados y abocados a un nuevo proceso. Tengo serías dudas de que la administración de Justicia española ceda ante la sentencia del Tribunal Europeo y no busque chicanas procesales para no cumplirla o hacerlo a medias, y dejar las cosas como están, haciendo caso omiso a lo que ahora mismo el presidente del parlamento europeo pide.
Inmunidad, impunidad, nacionalismo exacerbado, mala fe, festejos de humo, la sentencia y su recepción social no hacen sino ahondar el foso que separa a los españoles, a todos, a los que se sienten como tales y a los que lo son "sin ganas y a la manera de los que no pueden ser otra cosa", que decía el poeta Luis Cernuda desde su exilio. Esto al menos lo tengo claro. .
