ES un trile togado: a Oriol Junqueras le dejan presentarse a las elecciones, le permiten recoger su acta de diputado en el Congreso, pero le impiden recoger la de eurodiputado. El Tribunal Supremo castiga al elegido y a sus electores, algunos cientos de miles de ciudadanos que se dice pronto. Es todo un aviso de lo que se avecina. Un nuevo escarmiento. La mal llamada “cuestión catalana”, porque es una “cuestión española”, dista mucho de encontrar una solución que no sea la de la fuerza de la ley, hecha fuerza a secas y en este caso una decisión para la que es difícil encontrar sustento legal, lo que la acerca a la pura y simple prevaricación por violación, a sabiendas y con plena intención, de derechos fundamentales. Porque Junqueras no está condenado y todavía disfruta de la presunción de inocencia? a no ser que la sentencia esté ya redactada (desde antes de que empezara el juicio), pero tampoco sería de recibo, porque no está dictada y publicada.
Con su prohibición, el Tribunal Supremo quiere condenar antes de dictar sentencia, al tiempo de su redacción con intención de condena, y blindar esta ante la previsible inmunidad del eurodiputado. Aunque una querella por prevaricación contra los magistrados fuera interpuesta estaríamos ante una carrera de resoluciones judiciales, empujadas no por espíritu de justicia alguno, sino por el muy goyesco de “el primero que da, da dos veces”. Todo muy digno, muy de Estado de Derecho.
En otro lugar, una juez prohíbe fotografiar desahucios e incluso escribir sobre ellos por considerarlo revelación de secretos, cuando en la realidad son empujones del sistema que tienen una dimensión pública y callejera y en la mayoría de los casos auténticos dramas humanos que merecen atención pública y efectivas medidas gubernamentales. Está visto que los PAH molestan y que la cobertura mediática de los lanzamientos estropea el paisaje que pinta la derecha.
Ignoro cuál es el fundamento legal que le asiste a la juez, pero si es la protección de los secretos, nos vamos a encontrar en el mismo caso que con el odio y concordantes, que de la misma manera que todo era y es ETA, todo es odio (cualquier disidencia, o enaltecimiento del terrorismo, que no del golpismo que es virtud), de modo que hablar de lo que tenemos delante de las narices y nos atañe como ciudadanos es revelación de secretos. Algo que ya ha sucedido en Pamplona con las ceremonias de los amigos de los golpistas del 36 hechas públicas por Clemente Bernad.
En resumen, que el espíritu de la mordaza se extiende de mala manera y amenaza con reducir de manera arbitraria el derecho a la información que a mi modo de ver prevalece sobre ese otro secreto que se desarrolla a la luz pública. Labores de sumisión social. Retorcimiento de las leyes. Justicia ideológica. De ahí a los procedimientos secretos a puerta cerrada y a la indefensión solo hay un paso.
La voluntad de la jueza resulta poco clara en la medida en que lo que se logra es hurtar a la luz pública unos hechos que ponen en entredicho las políticas económicas, las políticas a secas, de los gobernantes: zonas oscuras que, encima, por reiteradas ya no causan la alarma o la indignación que causaban.
Va a ser cuestión, antes de abrir la boca, no ya de mirar a derecha e izquierda, ni de leer con detenimiento la prensa y su chirrión de demencias, sino de asomarse al Boletín Oficial del Estado por ver por dónde soplan los aires penales y a cómo anda la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el mercado del día, al modo en que antes se asomaban los tratantes al mercado de granos y similares, para escribir en consecuencia. No vaya a ser que incurramos en violencia pasiva, rebelión desarmada, golpeador por golpeados, odio en general o a lo que dispongan en cada momento, humillación de víctimas del terrorismo, racismo, exaltación de algo que no se puede exaltar? La veda del rebelde, del disidente, del simplemente molesto porque se niega a cantar a capella o a marcar el paso, hace ya mucho que está abierta.* Escritor
