LOS habituales voceros de la grandeza del Estado de derecho en España han sido entre tibios y cómplices con la resolución del Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco en la que se califica al dictador de “jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936”. Es sencillamente humillante e indigno. No caben en el fallo ni el error ni el descuido: la categorización de Franco, su historia desde su infame golpe, su tiranía criminal son parte esencial de la resolución que debe tomar el Supremo. Claro que igual nos toparíamos con que es heredero de un tribunal que nació en 1936.
