SIN lugar a duda, el proyecto de presupuestos que un gobierno presenta al Parlamento es la traslación efectiva a las posibilidades económicas del país de las políticas que el Ejecutivo pretende realizar durante el ejercicio. Si algo define y caracteriza a una acción gubernamental, incluso en lo ideológico, es el modo en que distribuye el gasto. En consecuencia, la postura que las formaciones de oposición adoptan respecto a dicho proyecto, sea esta de negativa frontal mediante enmienda a la totalidad, más matizada a través de enmiendas parciales, de abstención o de apoyo cuando el proyecto presupuestario, debidamente negociado, se convierte en ley, también define y caracteriza al resto de formaciones con representación parlamentaria y, por tanto, voto sobre las cuentas. En el caso del proyecto de presupuestos del Gobierno vasco para 2019 presentado ayer por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, las cifras revelan de manera nítida el espíritu con que se ha confeccionado, basado principalmente en dos características: la expansión contenida y la preocupación social. En cuanto a la primera, el incremento del 2,6% respecto al año anterior (297 millones) permite alcanzar los 11.784 millones y aumentar la inversión pública hasta los 991,5 con una apuesta evidente (+6,5%) por la innovación, lo que se antoja ponderado con las previsiones económicas de un crecimiento más contenido (2,3% del PIB) y las necesidades de amortización de deuda (1.098 millones) y de nómina de los más de 90.000 trabajadores de la administración y el incremento salarial del 2,25% reflejado en las cuentas. Es decir, los presupuestos traducen con la exigible prudencia el periodo de relativa bonanza económica que se percibe en Euskadi. En cuanto a su aspecto social, el proyecto del Gobierno que preside Iñigo Urkullu se define con dos datos: uno, que 4 de cada 5 euros (9.180 de los 11.784 millones) se destinan a políticas sociales; y dos, que Salud (3.800), Educación (2.845) y Empleo y Políticas Sociales (1.028) son los departamentos con mayor dotación económica, el último, con una actualización de la RGI que eleva las ayudas sociales a 497,5 millones de euros. Constatados estos fundamentos, la adopción de posturas maximalistas o la comprensión del pragmatismo preciso en la elaboración y gestión presupuestarias, incluso para mejorarlas, acabará por definir también a los grupos de oposición.