No eran rebeldes, eran europeos

LA defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont recurrirá ante el Tribunal Constitucional alemán para evitar su extradición a España ya que entiende que supondría un “ridículo internacional” que se juzgara al líder del procés por malversación en una causa con otros procesados por rebelión. El tribunal alemán ha rechazado que el referéndum del 1 de octubre de 2017 fuera rebelión y lo ha hecho ocho meses después de que el juez Llarena, en una estrategia absolutamente represiva y con claras vinculaciones con el PP, se hiciera cargo de la causa abierta contra la cúpula independentista catalana, con 18 procesados a las puertas de un juicio que previsiblemente se celebrará a finales de 2018 o principios de 2019. Los jueces alemanes han determinado que el delito equivalente de alta traición alemán “está basado en un nivel de violencia a la que no se llegó” durante el 1-O. “Con el referéndum no se llegó a un nivel de violencia que llevara a una separación inmediata de España, y según la voluntad de Puigdemont, era sólo el preludio de más negociaciones”, destacan. Y los “choques violentos” entre votantes y la policía española tampoco tuvieron una magnitud suficiente como para “amenazar el orden constitucional español”... No eran tan rebeldes y delincuentes por tanto los líderes catalanes que trataron de llevar adelante aquella consulta. La detención de Puigdemont y los más de nueve meses de prisión puede que haya servido de algo, al menos para que Europa -y Alemania desde su liderazgo económico- reflexione sobre los retos más políticos que judiciales a los que se enfrenta y no solo en el territorio catalán. Las naciones europeas sin Estado, su impulso y convicción europea pueden ser la respuesta a los problemas de identidad compartida de la Unión. Una mayor presencia y reconocimiento de esas naciones en le seno de la UE, como propugna la iniciativa que ayer llevó a Gales el lehendakari y de la que participan Nafarroa, Salzburgo, Flandes, Piamonte, Bruselas o la propia Gales, es una vía de cohesionar y estabilizar esta Europa sorprendida y salpicada por las consecuencias del procés catalán. Su referéndum, con participación de un 42% del censo, más de 2,2 millones de votos y un 90% a favor de la secesión, fue el aval al derecho del pueblo catalán a decidir su propio futuro. El derecho a la autodeterminación seguirá en el tablero político de una nueva Europa. Deberá afrontarlo también el nuevo interlocutor en el Gobierno español.