LA discrepancia es un factor legítimo en democracia. Tan legítimo que la propia democracia establece los mecanismos para adoptar modificaciones de sus estructuras legales cuando la dimensión de esa discrepancia y la representatividad social de la misma así lo muestran conveniente. Por ello, la cita de ayer en Moncloa entre los presidentes español y catalán ha sido un ejercicio de normalización de la discrepancia. Tratar de dibujar en el horizonte de esa cita una solución al complejo problema territorial y político del Estado hubiera sido jugar con las cartas marcadas. Quien quiera pretender que la ausencia de acuerdos que permitan poner fin a esas discrepancias acreditadas retrata un fracaso no deja de manipular la realidad. No era la cita de ayer un encuentro para descabalgar al interlocutor de su propio discurso ni cabía esperarlo. Torra no acudía a Moncloa a rendir su discurso ni su percepción política como Sánchez no le recibía con la intención de desactivar la discrepancia aceptando sus propuestas. Y no sucedió. Ambos cumplieron, y esto es lo verdaderamente relevante, con el papel de normalizar sus discrepancias y canalizarlas hacia la relación institucional que permite encarar los conflictos desde principios de legitimidad democrática. El debate de fondo sobre el derecho de autodeterminación no se ha modificado en sus términos, a cuya complejidad nadie es ajeno. Pero, siendo fundamental, no es el único asunto que el bienestar de los catalanes exige encarar. Y en ese sentido es fundamental el proceso de deshielo iniciado ayer. Desbrozando el camino de las relaciones institucionales entre los gobiernos del Estado y de Catalunya, reduciendo su conflictividad y restableciendo el modelo de relación bilateral definido en el Estatut, se está trabajando en el mutuo reconocimiento de ambas partes. No es un proceso resolutivo en sí mismo, pero sí la puesta en marcha de lo que deberá serlo. Igualmente importante es que ambas partes aguanten ahora la tensión que se va a volcar sobre ellas. Pedro Sánchez va a recibir el acoso y derribo del discurso nacional centralista que abrazan Ciudadanos y el PP; Quim Torra ya empieza a palpar la reacción del sector más radicalizado del independentismo catalán, con los Comités de Defensa de la República exigiendo dimisiones. Ambos extremos llevan al atasco infinito y perjudican a todos.
