EL anuncio por el negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier, confirmado por la primera ministra británica, Theresa May, de un acuerdo entre Londres y Bruselas sobre el periodo de transición -será de 21 meses, hasta el 31 de diciembre de 2020- solicitado por Gran Bretaña a partir de su salida de la UE el 29 de marzo de 2019 puede parecer una cesión a las pretensiones de Downing Street y las necesidades de May, seriamente cuestionada por sus políticas, pero apenas estipula un plazo adicional para la consecución de un acuerdo relativamente satisfactorio. Londres logra el periodo de transición que pretendía, pero lo que en realidad hace es retrasar los principales efectos del Brexit en lo referido al cumplimiento de la normativa europea, ya que deberá seguir respetándola durante esos 21 meses pese a no tener derecho a voto en las decisiones de la UE; así como en materia de inmigración, porque los ciudadanos de la UE que lleguen a Gran Bretaña en ese plazo adquirirán los mismos derechos que quienes lo hicieron con anterioridad al Brexit; y en el principal escollo de las fronteras irlandesas, que mantendrán su situación actual a la espera de una solución definitiva que se antoja ardua. En otras palabras, al igual que en lo que se definió como el primer acuerdo del Brexit en diciembre, cuando se estipuló la factura a pagar por Gran Bretaña en un máximo de 45.000 millones de euros, el segundo plazo de la negociación apenas permite al gobierno británico mantener una situación holgada de cara a lo verdaderamente importante del Brexit y lo que más preocupa en Downing Street, es decir, la relación que Londres y Bruselas desarrollarán a partir del 1 de enero de 2021. Ahora bien, llegados a este punto, cabe más que nunca preguntarse si la salida de Gran Bretaña de la UE podrá ofrecer a la primera una relación siquiera tan beneficiosa como la que rechaza, toda vez que difícilmente se consumará ya tal y como pretendían no ya los más recalcitrantes enemigos británicos de la UE, sino el propio gobierno conservador de Theresa May, a quien, en el mejor de los casos, tras el periodo de transición anunciado ayer, apenas le quedarán meses para lograr un buen acuerdo bilateral que presentar al electorado británico de cara a las elecciones que deben celebrarse antes de mayo de 2022.