LA no convocatoria de elecciones por el president Puigdemont, pese a que así se barajó durante el día de ayer, y el empecinamiento del Gobierno de Rajoy en una aplicación del art. 155 de la Constitución que en la práctica supone la intervención del autogobierno catalán, previa aprobación en el Senado, donde cuenta por sí mismo con mayoría absoluta -62% de los escaños con solo el 36% de los votos gracias al sistema mayoritario por circunscripción- y el apoyo de PSOE y C’s, han abocado a Catalunya a una situación endiablada. Confrontan en ella dos voluntades que parecen en este momento incapaces de encontrar en la política la vía de las soluciones en tanto no se muestran dispuestas a aceptar tablas para recuperar un espacio de diálogo. Pese a que numerosos actores, entre ellos el lehendakari, Iñigo Urkullu, han tratado de evitarlo, y a que aún quedaría tiempo para ese diálogo, todo apunta a la confrontación que se visibilizará hoy en dos decisiones sucesivas en dos cámaras representativas: el Parlament catalán, donde una mayoría democráticamente elegida puede aprobar una Declaración Unilateral de Independencia (DUI); y el Senado, donde otra mayoría, igual de acorde al sistema de votación y con los mismos condicionantes de representatividad social cuestionada, aprobará la intervención por el Estado de las instituciones autonómicas de Catalunya. Rajoy y su gobierno han ido más allá de una aplicación limitada del art. 155 para asumir el control y subordinar a sus directrices el autogobierno catalán, lo que además de ser de dudosa constitucionalidad, supone la puesta en práctica, 39 años después, de la enmienda que, defendida por Manuel Fraga Iribarne, presentó Alianza Popular al Anteproyecto de Constitución el 1 de julio de 1978 y que pretendía incluir en el Título VIII la posibilidad de intervención de una Comunidad Autónoma. Esa enmienda fue rechazada entonces ampliamente en el Congreso con 284 votos en contra y 17 a favor pero, de facto, va a ser puesta en práctica. En todo caso, que Puigdemont dejara el futuro inmediato de Catalunya en manos del Parlament, eludiendo su potestad para convocar elecciones, dibuja un escenario de debilidad: el de su incapacidad de ofrecer una salida a un procés que no puede ser satisfactorio por una mera declaración formal de la independencia sin aplicación práctica ni mejora de las condiciones de vida de los catalanes ni garantía siquiera de autogobierno.