Las hojas y el bosque

LA aprobación ayer, que los partidos de adscripción estatal dicen ilegal y convierten en escandalosa, en el Parlament de Catalunya de la ley del referéndum ha seguido pese a las trabas el cauce previsto por el Govern de Carles Puigdemont para permitir la convocatoria del mismo el 1 de octubre. La inmediata reacción del Gobierno de Mariano Rajoy con la petición a la Abogacía del Estado de la interposición de un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional (TC) para que este declare nula y sin efecto dicha aprobación responde asimismo a lo previsto en la sucesión de medidas para impedirlo. La presentación que anuncia la Fiscalía General del Estado de una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la Mesa de la cámara forma apenas parte de la esperada batería jurídica a utilizar por el Estado para apoyarse en su severa actitud contra el procés iniciado por las instituciones catalanas. Y el escrito de recusación planteado por Forcadell contra los doce miembros del TC por falta de imparcialidad era del mismo modo predecible además de lógico en virtud del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aun si el TC, como ha hecho en ocasiones anteriores, lo rechaza de plano, sin siquiera admitirlo. El garbull -embrollo, en catalán- parlamentario y jurídico en torno al denominado procés y la convocatoria del 1-O y el contraste entre la legitimidad democrática que esgrimen las instituciones catalanas y la legalidad interpretada por el Estado, sin embargo, no es sino la hojarasca de un problema de encaje (o desencaje) nacional que no se solucionará el 1 de octubre se lleve a efecto o no, tenga éxito o no, el referéndum cuya convocatoria como forma de expresión de su capacidad de decisión política defiende -y conviene recordarlo- la mayoría absoluta de la sociedad catalana. Con escándalos políticos artificiales o sin ellos, el bosque seguirá ahí al día siguiente y tanto Catalunya como el Estado deberán transitar por la única vía que lo atraviesa: la de que esa expresión de la capacidad de decisión política de la sociedad catalana se pueda realizar por los cauces que señala la legalidad sin interpretaciones interesadas del gobierno estatal, es decir, por la cesión a Catalunya, con la aprobación de las Cortes, de la competencia para realizar una consulta y, en virtud del resultado de esta, un referéndum que determine su encaje (o desencaje) en el Estado.