Traer y acoger, una obligación

Nueve millones de personas se han sumado en la primera mitad de este año a los 65,6 millones que a finales de 2016 (según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur) se encontraban desplazadas de sus hogares debido a conflictos armados, violencia de todo tipo y desastres naturales. Las catástrofes humanitarias que provocan estos éxodos forzosos están repartidas por todo el planeta, lo que convierte a los refugiados en una cuestión global ante la que resulta imposible permanecer ajenos sin caer en un ejercicio de irresponsabilidad política y de insensibilidad moral detestables. Sin embargo, son muchas las instituciones y gobiernos que demuestran día a día una hipocresía difícil de catalogar. En el ámbito que nos toca, la Unión Europea ha practicado un doble juego nada decoroso. Si por una parte, la Comisión Europea acordó unas cuotas de acogida de refugiados para todos sus estados miembros, la realidad es que se encuentran muy lejos de cumplir sus compromisos. En junio, apenas se había reubicado a 20.860 de las 98.255 personas comprometidas. Y el plazo acordado expira en septiembre. La Comisión ha amenazado con sancionar a aquellos gobiernos que hayan incumplido con la cuota adjudicada (algunos incluso se han negado a tomar parte en este programa), pero pocos dudan que estas sanciones no llegarán o que, al menos, se aplicarán con menos diligencia y contundencia que las que se ejecutan cuando de cuestiones económicas se trata. Los estados que más personas han recibido son Francia, Alemania y Holanda. España apenas ha acogido a un 10% de lo que le corresponde. La cuota adjudicada por la UE fue de 17.337 personas y a fecha de hoy tan solo han llegado 1.724. Para cumplir con su compromiso, el Gobierno español debería traer antes del 26 de septiembre a 15.613, es decir, una media de 390 personas por día. En lo que respecta a las instituciones vascas, hay que resaltar la iniciativa planteada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, de crear corredores humanitarios para agilizar la llegada de estas personas. La planteó en Roma ante la Comunidad de San Egidio y la ha planteado al Gobierno español en un intento de moverlo de su inacción. La iniciativa ha empezado a dar sus frutos. Otras instituciones vascas, como diputaciones, Eudel y ayuntamientos se están moviendo también en esa línea de traer y acoger. Permanecer ajenos a este drama sería una indignidad.