LA operación Diálogo de la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha coincidido con la judicialización de la política catalana en varios frentes. Por una parte, el juicio en el Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el expresident Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, acusados de desobediencia y prevaricación por haber organizado la consulta por la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014, a pesar de la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre en contra de la celebración de la consulta, que, acogiéndose a la legislación catalana, se convirtió en un proceso paticipativo. Por los mismos supuestos delitos, está siendo juzgado en Madrid por el Tribunal Supremo (TS) Francesc Homs, exconsejero y actual diputado en el Congreso de los Diputados del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). En ambos casos se piden penas de inhabilitación. Doblemente requerida ha sido la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. Por una parte, por el TSJC por haber permitido en el pleno del pasado 27 de julio debatir y votar las conclusiones de la Comisión de Estudios sobre el proceso constituyente. Por otra parte, junto con tres miembros más de la Mesa del Parlament, tiene abierta otra vía judicial en el TC por consentir la votación del pasado 6 de octubre de la resolución aprobada tras el debate de política general del Parlament que instaba a celebrar un referéndum de autodeterminación como máximo en setiembre de 2017 y aunque no haya acuerdo con el Estado. La querella es por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación.
Paralelamente, siguen las diligencias en el caso de Jordi Pujol y su familia y ¡por fin, ocho años después! se ha iniciado el juicio por el caso del Palau de la Música donde además de los responsables de la institución -Fèlix Millet y Jordi y Gemma Montull- para los que se piden más de 27 (los dos primeros) y 26 años de cárcel, se juzga también al extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar, acusado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, lo que obviamente extiende una clara sombra de sospecha sobre la financiación ilegal de CDC, que tiene sus sedes embargadas y para la que el fiscal solicita el comiso de 6,6 millones de euros por las comisiones que presuntamente recibió de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Jordi Pujol.
Y quedan todavía por esclarecer otros casos sonados de corrupción como el del 3% denunciado por la regidora de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Torredembarra, Montse Gassull, lamentablemente traspasada el pasado 19 de febrero, que también afecta a la supuesta financiación ilegal de CDC y que fue mencionado por primera vez en sede parlamentaria por el expresident Pasqual Maragall el 24 de febrero de 2005. Y así otros casos abiertos que apuntan a la financiación ilegal de CDC y de otros partidos políticos.
Al mismo tiempo, surgen cada vez más pormenores sobre la denominada operación Cataluña (recuerdan la grabación de la conversación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el anterior director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso Laso), que se refiere a la supuesta utilización de la guerra sucia y de las alcantarillas del Estado para desprestigiar con informes y acusaciones no contrastadas, y a menudo posteriormente desmentidas o caídas en el olvido por falta de pruebas, a los políticos nacionalistas.
En suma, la política catalana está a día de hoy más pendiente de los juzgados que de un escenario político cuya fase final (más allá del posible choque de trenes ante el compromiso de realizar un referéndum en septiembre) es toda una incógnita. Y también están más pendientes de los juzgados que de ofrecer soluciones políticas a la actual situación el gobierno del PP, que gracias a la incomparecencia e incompetencia del PSOE -que ni está ni se le espera-, la sumisión de C’s y las trifulcas de Podemos, gobierna como si tuviera la mayoría absoluta y sin verse cuestionado por los múltiples casos de corrupción que un día tras otro y prácticamente en todas partes salen a la luz pública. No digamos la caverna mediática.
Sin embargo, dicho esto, conviene aclarar algunas cuestiones que determinados medios y partidos políticos (PP y C’s especialmente) suelen mezclar en un totum revolutum con el objetivo de obtener réditos políticos. Así, de manera interesada, se insiste en afirmar que el PDeCAT -y, por extensión, todos los que están por el derecho a decidir en Catalunya- está utilizando los juicios de Mas, Ortega, Homs y Rigau, para tapar los casos de corrupción que afectan a la antigua CDC. Es lo mismo que sumar peras con naranjas con un agregado de melocotón. En primer lugar, solo hay que ver la reacción de algunos políticos europeos y de ciertos medios de la prensa internacional para constatar que los juicios derivados del proceso catalán son una aberración que sólo responde a la obsesión del PP de judicializar lo que debería resolverse políticamente. En segundo lugar, la sombra de corrupción y de financiación ilegal afecta a CDC pero no a otros partidos que están por el derecho a decidir y, todavía menos, a los 2,4 millones de ciudadanos que ejercieron ese derecho en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. De hecho, muchas -por no decir la mayoría- de estas personas ni votan ni han votado nunca a CDC (hoy PDeCAT). Por último, son los propios ciudadanos de Catalunya los que desean que se aplique todo el peso de la ley a los casos de corrupción y de financiación ilegal pues son los que más directamente (en forma de impuestos malversados) han sufrido sus consecuencias.
Sin embargo, la realidad es tozuda y, a pesar de este relato interesado que aúna corrupción y proceso por el derecho a decidir, la última encuesta (mil entrevistas telefónicas con un margen de error del +/- 3,1% para un nivel de confianza del 95%) del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop) sobre política española elaborada para El Periódico y realizada entre el 19 y el 22 de febrero da los siguientes resultados: un 72% de los encuestados en Catalunya es partidario de la celebración de un referéndum de independencia (solo el 34% en el resto de España, donde el 62% se opone); un 73% de los consultados en Catalunya cree que debe mejorarse la financiación de la Generalitat (un 31% en el resto de España y un 55% en contra); un 60% de los catalanes cree que habría que reformar la Constitución en un sentido federal (un 42% en el resto de España y un 45% en contra). No menos interesante, a nivel de Estado, un 79% de los encuestados considera que el Gobierno de España debería dialogar con la Generalitat (frente a un 18% que se opone) y un 46% cree que España debería ser un Estado plurinacional ante un 48% que defiende que sea una nación única.
Sin embargo, la realidad también es tozuda en otro sentido: de realizarse nuevas elecciones legislativas en España PP y C’s bordearían la mayoría absoluta con un total conjunto de entre 169 y 176 escaños.
