LA polémica desatada por los relevos que el Consejo Fiscal presidido por el reciente fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha procedido a realizar en puestos de relevancia del ministerio público, así como por los que afectan a decenas de fiscales que habrían investigado causas de corrupción, y la denuncia de “un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal” vuelve a poner el dedo en la llaga de la evidente falta de independencia de la Justicia en el Estado. Y no solo por su extraña coincidencia temporal con los discutidos y discutibles dictámenes judiciales sobre el caso Nóos o el de las tarjetas black. Más allá de lo nominal de los nombramientos de Jesús Alonso para fiscal de la AN, de Manuel Moix en Anticorrupción, o de los cambios en la Fiscalía Superior del País Vasco, Carmén Adán en sustitución de Juan Calparsoro, y de Murcia, donde Díaz Manzanera releva a López Bernal, quien llevaba la investigación contra el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez (PP); se halla no ya la advertencia de que pueda existir una motivación ideológica o política, sino la certeza de que en algunos no existiría otra causa real que justifique la sustitución, toda vez que el Estatuto del Ministerio Fiscal contempla la posibilidad y no la obligación de renovación cada cuatro años y la labor de los relevados ha sido reconocida. En todo caso, cambios de este cariz no sorprenden en un ministerio público cuyo representante en el caso más notorio de la década exonera públicamente antes del juicio a la acusada hermana del rey y explicita tras el mismo intenciones cambiantes que van rebajando las medidas cautelares a solicitar a los ya condenados; o cuando el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se permite opinar sobre esos y otros dictámenes judiciales antes de que estos sean efectivos, lo que se debe entender que los condiciona. Muy al contrario, todo es consecuencia previsible de un sistema de Justicia en el que la Fiscalía depende jeráquicamente del Ministerio de Interior y en el que la designación de los órganos de gobierno de los jueces (CGPJ) y los tribunales superiores (TS y TC) depende y se realiza por voluntad y negociación política, lo que los subordina pervirtiendo el ejercicio arbitral que a la Justicia se le supone en democracia. El respeto a las decisiones judiciales que esgrime Rajoy para huir de las acusaciones de corrupción es mera falsedad si no se respeta y protege la independencia de quien las toma.
