QUE el precio mayorista de la electricidad se haya situado hoy en 72,89 euros por megavatios/hora, el precio de referencia diaria más alto desde que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió ante la continuada subida del recibo de la electricidad suspender en 2013 el sistema de subasta eléctrica implantado por Rodríguez Zapatero, constata el parcheo que los sucesivos gobiernos del Estado han improvisado en la materia a través de estrategias a corto plazo reñidas con una auténtica política energética. Y pretender, como el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que la evolución del mercado energético en el Estado es “muy similar” al de otros países europeos, cuando apenas en tres países -Alemania, Dinamarca e Irlanda- los precios de la electricidad son superiores a los del Estado español, o culpar del elevado coste de la energía a la meteorología o al precio del crudo, confirma que el actual gobierno tampoco tiene intención alguna de variar esas prácticas. Quizá porque en el Estado el mercado de la energía se lo reparten cinco grandes distribuidoras que copan el 67% de la generación eléctrica, el 98% de la distribución y el 87% de la comercialización mientras que el 100% del transporte está en manos de Red Eléctrica Española; pero que también generan 450.000 empleos directos o indirectos y una inversión anual de más de 2.200 millones de euros. En todo caso, el nuevo encarecimiento de la electricidad confirma tres años después el fracaso de la pretendida reforma del mercado eléctrico planteada en 2013 por el entonces ministro José Manuel Soria, toda vez que ha sido incapaz no ya de corregir el mal endémico del sector en el Estado, el déficit de tarifa, sino ni siquiera de aumentar la competencia en el sector, de corregir la compensación excesiva de determinadas tecnologías generadoras, de reducir la dependencia de la importación o, simplemente, de no llevar a la crisis al subsector de las renovables, hace no tanto pujante, en contraste con su exponencial crecimiento en la mayor parte de los países. Con el agravante de que el creciente coste energético y la ausencia de una política energética industrial vuelven a lastrar de manera importante, como se ha venido denunciando desde Euskadi durante toda la pasada legislatura, el desarrollo industrial y la competitividad de nuestras empresas.