Con todas las de la ley

EL Parlamento Vasco aprobó ayer casi in extremis, en el último pleno de la legislatura, la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, más conocida como “de abusos policiales”. Una norma necesaria, que viene a cubrir un vacío legal y administrativo de décadas, tiempo en el que las víctimas han sido sistemática y oficialmente ignoradas, silenciadas y olvidadas, lo que ha generado un incomprensible agravio y una doble victimización que ha añadido aún más dolor a su sufrimiento. El propio nombre de la Ley, largo e intrincado, es revelador de la precisión, rigor, precaución y extrema dificultad -que ha requerido de mucho diálogo, negociación y cesión- que ha supuesto la redacción y aprobación de esta nueva norma. El texto habla, con todas las de la ley, de reconocimiento y reparación de víctimas, de vulneración de derechos humanos y de violencia de motivación política a cargo, en este caso, de funcionarios del Estado que de manera flagrantemente ilegítima han cometido gravísimos hechos en un periodo reciente de nuestra historia, ya en democracia y con la Constitución en vigor. Muchas de esas violaciones de derechos humanos fueron cometidas hace décadas, sin que el Estado, en la inmensa mayoría de los casos, haya dado un solo paso no ya por identificar y castigar a los culpables, sino para reconocer a las víctimas, haciendo dejación de su responsabilidad. Por ello, causa cierto estupor la amenaza que, en forma de recurso del Gobierno español por un asunto competencial, pende sobre esta nueva Ley pionera, que deberá tener su continuación y que ha abierto una puerta a la esperanza de centenares -quizá miles- de víctimas y de toda la sociedad vasca, que podrán ver satisfechos sus deseos de verdad, justicia y reparación. Las críticas hacia la presunta “inseguridad jurídica” de la Ley son difícilmente sostenibles, en especial por quienes hasta ahora no han cumplido con su obligación legal y ética de atención a las víctimas. En manos del Ejecutivo español está emprender una nueva batalla jurídica en perjuicio del reconocimiento de quienes han sufrido la vulneración de sus derechos más elementales o, por el contrario, arrimar el hombro para que la reparación sea todo lo justa, efectiva y proporcionada que merecen.