En torno a la ACB

SIN poner en discusión las necesidades empresariales que determinan la parada temporal e indefinida de la producción en la planta ACB de Arcelor-Mittal en Sestao, hecha efectiva ayer, sí cabe cuestionar determinados aspectos de la misma. En primer lugar, parece incomprensible que Arcelor-Mittal no haya comunicado a los trabajadores de la planta la previsión que la empresa maneja respecto a la prolongación del cierre de la planta, dado que este es temporal, ni los planes de mantenimiento y relevos que el mismo conlleva, ni siquiera la fecha prevista de parada de la línea de decapado, la única que aún sigue operando durante unos días con el material de laminado en caliente. Esa falta de comunicación -y la incertidumbre e inseguridad consiguientes-, que afecta a tres centenares de trabajadores, se extiende además a varios cientos de empleos más a través de las distintas subcontratas que trabajan con la acería. Así que basta la alarma social que desata la medida, para exigir una mayor transparencia por parte de Arcelor-Mittal. En segundo lugar, llama la atención que la legislación no solo permita sino que en realidad dé cauce a que la empresa, cualquier empresa, se acoja en 2015 a un Expediente de Regulación de Empleo abierto hace ahora seis años, en 2009, para todas las plantas que la firma tiene el Estado y para ser aplicado cuando no haya producción suficiente. Aun sin obviar el esfuerzo realizado por la empresa -también por su plantilla- desde entonces y las necesidades que llevan a la parada de la planta, parecería conveniente que más de un lustro después fuese preceptivo revisar el procedimiento, es decir, los requisitos, incluyendo las consultas a los trabajadores, la entrega de documentación y la solicitud a la autoridad laboral competente, antes de proceder a poner en práctica el ERE. Y en tercer lugar, no cabe obviar el origen principal de los problemas que han llevado a la ACB y a sus trabajadores a esta situación: por un lado, la incapacidad europea para competir con los precios por debajo de coste del acero de producción china, problema que las autoridades de la UE siguen sin abordar y ante el que el gobierno del Estado apenas se ha llegado a pronunciar, en una dejación evidente de responsabilidades. Por otro, y este sí compete exclusivamente al Estado español y sus políticas, el comparativamente exagerado precio de la energía que debe afrontar la industria estatal.