¿Un gobierno con antecedentes?
Parece impensable, cuando no síntoma de una enfermedad gravísima de la democracia, que tras un rosario de casos de corrupción tan escandaloso, el PP y Rajoy puedan pretender gobernar de nuevo y hallar apoyos para hacerlo
LA operación policial ordenada por el juzgado nº 18 de Valencia, con 33 registros y 24 detenidos, entre los que se hallan el ex presidente del PP valenciano (hasta mayo) y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, así como otros altos cargos del partido de Mariano Rajoy en la Comunidad Valenciana, por presunta financiación ilegal a través de comisiones en contrataciones públicas, es la enésima erupción del virus de la corrupción que ha infectado al Partido Popular durante más de dos décadas. Sólo desde las elecciones, cuando Mariano Rajoy aún pretende volver a formar gobierno ante lo que parece incapacidad de acuerdo de la izquierda estatal, al PP le han surgido el caso Acuamed, que ha costado la dimisión al hombre de confianza de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el Ministerio de Presidencia, y este de la operación Taula en Valencia. Pero ambos repiten el proceder de aprovechamiento de las finanzas públicas en beneficio privado, ya sea este provecho particular o del partido, que ya anteriormente se destapó a raíz de la operación Púnica -55 detenidos en cuatro CC.AA. por adjudicaciones de 250 millones-, del caso de las tarjetas de Caja Madrid, de los conocidos como papeles de Bárcenas, con presuntos sobresueldos ilegales y sin declarar a buena parte de los altos cargos del PP nacional, incluyendo su presidente, y financiación irregular de varias sedes, también la de Bilbao; de la trama Gürtel -con 187 imputados, 74 de ellos políticos- del caso Andraitx y el caso Palma Arena (Baleares), con su conexión con el caso Nóos; de los casos Baltar o Campeòn (Galicia), el caso Bankia; el caso Brugal y el caso Fabra (Alicante)... o aquel anterior de malversación de ayudas europeas, el caso del lino; o el primero conocido, al que dio nombre el tesorero del partido, Rosendo Naseiro, nada más iniciarse la década de los 90 del pasado siglo. Y, por tanto, parece impensable, cuando no síntoma de una enfermedad gravísima de la democracia española, y hasta de la sociedad que lo permite y respalda, que hoy, tras tan escandoloso rosario de casos de corrupción, malversación, contratación ilegal o apropiación indebida de cientos de millones de euros de dinero público, el mismo PP, con un candidato que ha sido parte relevante de sus gobiernos desde 1996, miembro de su Comité Ejecutivo Nacional desde 1989 y que lo preside desde hace 12 años, pueda siquiera pretender acceder otra vez al gobierno.